El Salvador sigue a la baja en el índice de percepción de la corrupción, muestra de eso es el informe que brindó ayer la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), como Capítulo Nacional de Transparencia. En el reporte se revela que El Salvador ha caído en 17 posiciones el año pasado en comparación con 2016.
“Esta es la peor calificación obtenida por el país en los últimos seis años y representa un retroceso en la percepción de la corrupción”, reza parte del informe brindado ayer por Roberto Rubio, Director Ejecutivo de Funde.
El país ocupa la posición 112 de 180 países evaluados, cuyo parámetro de medición es desde la calificación número uno como la mejor hasta la 180 como la peor.
En 2016, El Salvador se situó en la posición 95, pero en 2017, según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción ha bajado hasta colocarse en la número 112.
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¿Qué ha incidido? Rubio destaca que aunque se han logrado destapar casos donde se presume hubo corrupción, como la investigación del expresidente Elías Antonio Saca; la percepción es que en el país, ese fenómeno sigue creciendo, ya que algunos casos de “soborno”, como el de Odebrecht, en el que se vincula al expresidente Mauricio Funes, no han sido judicializados aún.
“A esta percepción podrían haber contribuido diferentes casos que fueron noticia en el año 2017, entre los cuales podemos citar: la puesta en evidencia de delitos de enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios, como los expresidentes Saca y Funes. Los casos sonados de uso discrecional de los gastos reservados de la Presidencia de la República, el rol que jugaron altos funcionarios ligados a la tregua entre pandillas, y las informaciones públicas en torno al tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero que vinculan a exfuncionarios o funcionarios gubernamentales...”, señaló Rubio.
¿Qué está en riesgo? Programas de ayuda económica y de desarrollo como lo es el Fomilenio II, podrían detenerse en el país, mencionó Rubio, ya que el combate de la corrupción es uno de los compromisos adquiridos por el gobierno del FMLN, para acceder a los $277 millones que EE.UU. aporta en dicho plan.
Otro aspecto que contribuye a la mala percepción que se tiene del combate a la corrupción es responsabilidad de la Asamblea. Rubio la relacionó con la aprobación en forma “regresiva” a la Ley de Extinción de Dominio, realizada con votos de diputados del FMLN, GANA, dos del PCN y uno de ARENA el año pasado.
En esta escala también reiteró el papel que juegan instituciones como la Fiscalía, y el “estancamiento o poco avance de las investigaciones de la Sección de Probidad”, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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