Las ideas de tres expositores internacionales en el primer día de la Semana de Transparencia coinciden con varias asociaciones de que la sociedad civil debe de ser “el principal garante” de que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional respondan al interés de la ciudadanía y de la democracia y no al reparto de cuotas de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa, según explicaron.
Así, el Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, subrayó que la ciudadanía debe de jugar un rol activo y de vigilancia permanente ante la posibilidad de que los nuevos magistrados del máximo tribunal salvadoreño busquen revertir los avances del país en materia de estado de derecho, independencia partidaria y fortalecimiento institucional.
“La Sala de lo Constitucional ha sido una de las grandes defensoras de la lucha contra la corrupción y sus sentencias y jurisprudencias lo que están haciendo es fortalecer la transparencia y asegurar que en El Salvador el sistema de pesos y contrapesos funciona”, afirmó Claudia Umaña, directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), miembro del consorcio.
Por su parte Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) recordó que el ciudadano debe de ejercer su derecho de supervisar que la elección de funcionarios no se vuelva parte de la agenda político-partidaria y que no debe de desarrollarse un proceso con reparto de cuotas partidarias.
“Si queremos una institucionalidad fuerte, se requiere que las personas que las dirijan sean idóneas, independientes y comprometidas con la transparencia y respeto a la ley, ese debe de ser el perfil de los candidatos a magistrados de la Sala”, dijo Castro.
Juan Carlos Duque, uno de los expositores internacionales que es secretario general adjunto del Tribunal Constitucional de España, dijo que en toda democracia moderna es normal que los magistrados tengan una ideología pero, lo más importante, es que trabajen con argumentos jurídicos y que no respondan a los lineamientos que bajan de los partidos.
“Los cuestionamientos de las sentencias de los magistrados son siempre, son parte de la naturaleza de su trabajo en una democracia, yo soy un creyente de que mayor participación de la sociedad civil nos permitirá reducir las criticas”, agregó Duque.
Según el experto, para incorporar transparencia al proceso de elección de los nuevos magistrados de la Sala, deben de mejorarse los perfiles de cada candidato, mejorar las entrevistas y establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda realizar consultas o plantear objeciones a los aspirantes. Incluso se pueden modificar los procedimientos de ley para que estas sean vinculantes.
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Por su parte Juan Ramírez Franco de la American Bar Association (un colegio de abogados de Estados Unidos) dijo que en los procesos de elección de los funcionarios de segundo grado se pone a prueba “la fortaleza institucional” de un sistema democrático por lo que enfatizó en la necesidad de que los medios de comunicación y la prensa independiente sirvan de canal con la ciudadanía.
“La democracia se fortalece en la medida en que sus instituciones trabajan acorde al imperio de la ley, las altas cortes y los magistrados se escogen con procesos donde la ciudadanía es tomada en cuenta”, puntualizó Ramírez.