Tener que pagar más intereses por la deuda adquirida por el Estado salvadoreño, sin hacer un ajuste por el lado de los gastos en remuneraciones de empleados públicos, pone en riesgo los beneficios logrados con la reforma de pensiones que se aprobó en septiembre pasado, señaló este viernes el economista Rafael Lemus.
El asesor, quien participó en un foro organizado por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce) para analizar el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2018 y un eventual pacto fiscal, criticó que el plan presentado por el Ejecutivo no contemple un recorte en las áreas que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló como prioritarias.
Para Lemus las finanzas públicas se encuentran en una situación tal que pese a que los salvadoreños pagan $1,500 millones más en impuestos que hace diez años, el dinero no se ve reflejado en más y mejores servicios de educación, salud y seguridad ciudadana sino que se concentra en pago de remuneraciones e intereses.
“La situación tampoco nos da para estar cargando más deuda (...) el problema está en que los intereses nos están demandando cada vez más espacio y tanto así, al ritmo que llevamos la deuda, por los intereses que hay que pagar corre el riesgo de que se coma los beneficios de la reforma de pensiones”, dijo el economista.
El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, valorado en $5,520 millones, ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y al tiempo que contempla un aumento de casi $80 millones en remuneraciones, también reporta disminuciones para los ramos de Educación y Salud. El Ministerio de Economía también proyecta un recorte principalmente por la menor asignación de fondos para el pago de subsidio de gas.
Ante un menor monto para el gasto social y los altos índices de inseguridad e informalidad, Raúl Castellón, economista y asesor parlamentario de GANA, reconoció que “la forma en que estamos haciendo las cosas no está funcionando”.
“Estamos pensando en cómo pagar una deuda y no cómo desarrollar el país. La ruta a seguir es un acuerdo fiscal pero que refleje eficiencia en políticas, organización, procesos y el sistema”, dijo.
Para Castellón, parte importante es que se “sinceren las cifras del Producto Interno Bruto”, pues si con el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, el PIB se ajusta un 15 % más bajo que el actual, y se mantiene la necesidad de buscar acuerdos políticos para financiar los más de $1,600 millones en compromisos de los próximos cinco años, la deuda respecto al PIB podría rondar el 85 % en 2018.
En ese sentido, es primordial contar con el PIB actualizado para “re medir” la Ley de Responsabilidad Fiscal, puesto que, según él, al cambiar las cifras, legalmente, la normativa queda sin validez.
El investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, recordó que en el presupuesto general de la nación se concretizan las decisiones de política fiscal y tiene una significativa dimensión política que corresponde a un acuerdo social de carácter redistributivo de los ingresos, por lo que la ciudadanía debe analizar qué tan justa es cada vez que se presenta un proyecto de presupuesto.
Proyecto deficitario
Desde que el pasado 29 de septiembre, cuando el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa, el mismo titular de la cartera de Estado, Carlos Cáceres indicó que el documento tiene un déficit fiscal de $550 millones, pese a que refleja un incremento de $562.7 millones en relación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2017.
En el proyecto para el próximo año, que aún no ha sido aprobado, se detalla que las asignaciones presupuestarias planteadas para el ramo de Educación suman $932.6 millones; para Salud $612.6 millones y para Seguridad $416.4 millones.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendría asignados $76.1 millones, el ramo de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano $148.6 millones y la Presidencia de la República $125.4 millones. Por otro lado, el Órgano Legislativo tendría un presupuesto de $58.3 millones y la Corte de Cuentas $40 millones.