Estas son las 6 propuestas fiscales del Enade 2017 al Gobierno

Las propuestas serán entregadas a Sánchez Cerén por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el próximo 13 noviembre,

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Por Magdalena Reyes

01 November 2017

Seguridad jurídica a través de instituciones confiables, para atraer inversión y generación de empleo, predictibilidad fiscal y presupuestos plurianuales y equilibrados, son algunos de los temas que se desarrollarán durante el próximo Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2017).

A continuación se detallan las propuestas fiscales del Enade 2017:

  1. Establecer límites a la deuda pública, a largo plazo

El Enade plantea hacer un trato con los políticos para que la deuda pública se fije en el 80 % con relación al Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este año, y alcance entre el 82% y el 84% al 2019.

Luego, como el costo del pago de pensiones del antiguo sistema es mayor para el Ejecutivo en los próximos años, se recomienda subir la deuda al 89 % para 2024.

Para esto el Gobierno debe tener una especie de “flexibilidad”, razonable, para financiar una parte de la deuda con recaudación propia, resultados de que la economía crece más, y otra parte con más deuda.

Desde el 2024, se propone dejar fija la deuda en ese nivel, por lo menos hasta el 2034, y de ahí en adelante que la deuda vaya disminuyendo 2 % del PIB, durante los siguientes 10 años.

¿Cuándo la deuda llegue al 90 % del PIB, en 2024, ya no se podrán endeudar más el Gobierno? Según el planteamiento que se presentará en el ENADE, el país sí podría seguirse endeudando, ya que el porcentaje estará fijo en 90 %, y podría tomar más deuda siempre que la economía crezca. Este es un estímulo que permitiría atraer inversión y más recaudación, se concluyó.

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2. El país requiere establecer tope a la deuda de corto plazo

Las Letras del Tesoro (Letes), son como la tarjeta de crédito, y deben servir para solucionar problemas de flujo de caja del Gobierno, entonces para ANEP, no tiene lógica que se tome deuda de corto plazo y cuando se llegue a la fecha de pago se agarra más deuda (de largo plazo) para pagar Letes, porque ese esquema se convierte en inmanejable.

La propuesta del Enade es que los Letes que se emitan se paguen dentro del mismo año de emisión, porque la Constitución lo que dice es que los Letes son deuda de corto plazo para administrar diferencias en los flujos.

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Normalmente a inicio de año, entre enero y marzo, es que el Gobierno tiene menos flujo de caja, pero entre abril y mayo, cuando reciben el pago de la Renta, sus flujos son compensados, de tal manera que entre junio y julio ya no deberían existir saldo de Letes. “El tema fiscal es sensible porque implica ingresos que le llegan al Estado y que antes de llegar al Estado estaban en manos de los ciudadanos, es un dinero que por la ley se lo tengo que dar al Gobierno”, dijo Jiménez.

3. Evaluación de proyectos de inversión pública

Cuando se formule el presupuesto, y se destine la inversión que irá a las diferentes carteras de Estado, se recomienda que se tome en cuenta cuál es el impacto social, económico y ambiental del proyecto al que se van a destinar los fondos.

Ya sea en la construcción de carreteras, mejoras de las capacidades de maestros, equipamiento de una escuela u otro.

Según ANEP, ya existe tecnología para establecer un ranking de proyectos públicos, de acuerdo con su rentabilidad y asignar el presupuesto a los que resulten más rentables en términos económicos, sociales y ambientales, porque el dinero con el que se ejecuta es de fondos públicos y se le debe sacar el mejor provecho posible.

Además para optimizar los fondos, se sugieren compras a través de subastas invertidas, donde se fije el precio base de los productos y servicios que se desean adquirir, “una especie de puja inversa”, y de esa manera optar por el de menor costo. Con esta modalidad se pueden realizar las compras hasta con necesidad de solo un 40% de lo presupuestado.

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4. Proponen elaborar los presupuestos plurianuales

Los presupuestos plurianuales, son una especie de presupuesto marco, que están relacionados con el periodo que dura una legislatura (tres años), al tomar posesión los diputados, durante sus primeros meses deberían acordarlo. Bajo este se aprobarían los siguientes tres presupuesto anuales, pues la Ley manda que el presupuesto sea aprobado cada año.

Así, se acordarían todas las obras de infraestructura pública, al principio de una legislatura y se podría determinar cuánto cuestan estos proyectos y de dónde saldrán los fondos y el marco en el que se van a aprobar los presupuestos de los siguientes tres años.

Este tipo de presupuestos plurianuales permite definir metas de mediano plazo en coordinación con el Ejecutivo. Además, se gestionarían los préstamos, modificaciones en materia de impuestos o reorientación de fondos de un impuesto a otro, y haría que los políticos establezcan cómo va a ser el desarrollo de la siguiente legislatura.

Asimismo, debería contemplar cláusulas para hacerle frente a las catástrofes naturales.

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5. Establecer presupuestos equilibrados

Tanto el sector privado como los tanques de pensamiento y los legisladores han señalado la tendencia de los últimos Gobiernos de presentar presupuestos con gastos “sub estimados” e ingresos “inflados”.

ANEP enfatizará en su documento que es urgente presentar presupuestos equilibrados, reales, en los cuales los ingresos y los gastos estén cuadrados.

En esta propuesta de largo plazo el Gobierno tendrá que decidir entre sus ingresos y gastos, la diferencia será la deuda, la manera de manejar las finanzas del Gobierno que debe ir de la mano con el límite de la deuda preestablecido. De esa manera también tendría un nivel de priorización de qué políticas se quieren impulsar.

El Gobierno debe tomar en cuenta que en la medida en que se genere confianza entre los empresario y se incentive la inversión, aumentarán los ingresos tributarios y así se entrará en un circulo virtuoso de mayores recursos.

6. Creación de un Consejo de Responsabilidad Fiscal

En el documento que será presentado en el Enade 2017 también se propone que se establezca un Consejo de Responsabilidad Fiscal, que estaría conformado representantes de diferentes entidades de la sociedad civil, gremiales de profesionales, universidades, el sector privado y las organizaciones de trabajadores, entre otros, para tener un consejo directivo independiente del Órgano Ejecutivo.

Este Consejo sería el encargado de fiscalizar el cumplimiento de todos los acuerdos que se establezcan en materia fiscal.

http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/62927/estado-salvadoreno-sigue-sin-reconocer-los-desplazamientos-forzados

Dicho organismo sería similar a un Banco Central autónomo, donde el Ejecutivo no tiene injerencia. “Es un buen pacto, porque es posible”, destacó Waldo Jiménez.

Adicionalmente velaría porque al momento de aprobar inversiones de escuelas, carreteras o formación de maestros, por ejemplo, estas deban ejecutarse tomando en cuenta el impacto económico, social y ambiental, para que los proyectos se realicen según su rentabilidad tomando en cuenta los tres indicadores antes mencionados.