El actual método no permite elegir a los mejores perfiles para las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ), de acuerdo con Úrsula Indacochea, oficial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Desde 1994, la Asamblea Legislativa elige a los magistrados de una lista de 15 candidatos de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y de otros 15 propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
Lo anterior plantea una dualidad negativa para Indacochea, quien ha venido al país como parte de la presentación del análisis “Ideas para el fortalecimiento del modelo actual de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
“El que existan dos listas, significa que los que vienen de esta fuente sean medidos de una manera y los que vienen de estas fuente sean medidos de otra, y todos van al mismo saco. Cuando la Asamblea recibe un listado de 30, no sabe quiénes son mejores que quiénes”, puntualizó.
A juicio de la abogada, esto no significa borrar del mapa a la Fedaes, sino que esta organización envíe los mejores perfiles a un solo ente, que puede ser el CNJ, para que pasen el mismo filtro.
“Esa es la única manera de saber, entre los que llegan a la Asamblea, quién es mejor que quién. Eso va a hacer que los abogados postulen a mejores personas”, consideró.
En ese sentido, consideró que el hecho de que la Fedaes haga votación para elegir a sus candidatos es negativo, pues no son necesariamente las mejores propuestas las que llegan, sino las que obtienen mayor simpatía en el gremio.
“El tener esa etapa de preselección, cuando la tienes doble, tiene dos criterios que no cumplen el objetivo. Que de uno de esos dos mecanismos uno sea por voto, es aún peor. Si se modificara y que la Fedaes no escogiera por voto sino que hiciera un análisis como el del CNJ y mandara un listado, no con los más votados, sino los que tienen mejor calificación sería mejor”, explicó la experta.
La Asamblea Legislativa debe renovar, a más tardar el 15 de julio de 2018, a cinco magistrados, cuatro de ellos integrantes de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.
Participación ciudadana
Otro aspecto que ha sido destacado por la abogada peruana es la composición del perfiles de los candidatos, y para estos fines es de la idea de que la participación de la ciudadanía es fundamental.
En este sentido, agregó que la ciudadanía puede ayudar a aportar datos de los aspirantes a la CSJ que muchas veces están más allá de su formación y desempeño profesionales.
“Es importante saber si la persona no tiene cuestionamientos graves y es indispensable, para evaluar ese punto, abrir la participación e la ciudadanía, que pueda presentar información sobre el candidato para saber si tienen alguna objeción ética”, dijo.
Uno ejemplo al que recurre Indacochea es cuando hay personas con buen desempeño como abogados pero que existe desconocimiento sobre sus credenciales sociales y su moralidad.
“Por ejemplo, cuando un candidato dice haber escrito un libro que resulta que escribió otro profesor de la universidad, o un candidato que se pelea con los padres de familia del colegio de sus hijos a trompadas. Esas cosas no las puede saber una comisión o un consejo de la judicatura si la ciudadanía no aporta esa información”, agregó.
Sostuvo que, en el caso del perfil de los magistrados de la CSJ, no solo se incluyen componentes de conocimiento sino de rasgos de personalidad y temperamento, así como de honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos, los cuales, a su juicio, son aspectos difíciles de medir.
En otro sentido, insistió en que la preselección de los aspirantes debe estar depurado con base en una evaluación técnica, la cual debe ser considerada por los legisladores al momento de la elección.
Además, señaló que la etapa de entrevistas a los candidatos a la CSJ es fundamental, por lo que se debe elaborar un cuestionario que dé más luces sobre el carácter y el pensamiento de cada abogado que se postula.
Propuso que el cuestionario plantee problemas éticos para saber sus corrientes de pensamiento y determinar si serán magistrados conservadores o progresistas.