Entre los cuatro apartados que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenaron al gobierno reducir en el gasto del presupuesto de 2018, la contratación de nuevas plazas está muy lejos de ser cumplida por el Ejecutivo.
Para el próximo año, el gobierno prevé un aumento de 2,524 plazas en todas las áreas del aparato estatal, pese a que uno de los requerimientos que la Sala de lo Constitucional emitió el 27 de julio pasado, es “suspender la creación de nuevas plazas (salvo en áreas estratégicas como Educación, Salud, Justicia y Seguridad Pública)”.
Sin embargo, en un comparativo realizado por el economista Rafael Lemus se refleja que el alza de plazas, no sólo se contempla en el Gobierno central, también están en las oficinas descentralizadas, autónomas y en las empresas públicas no financieras.
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Para el Gobierno Central en 2017 se previeron 127,484 plazas, pero para 2018 el número de contratos sube a 127,942, lo que implica un alza de 458 plazas nuevas.
En las entidades descentralizadas y autónomas para este año se estimó en 42,670 la cantidad de contratos y en el presupuesto de 2018 este aumenta a 43,565, lo que significa un crecimiento de 895 plazas.
En las empresas públicas el dato para 2017 es de 6,187 plazas y en 2018 estas crecen a 7,358. La diferencia entre este año y la previsión del próximo es de 1,171 plazas.
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La Sala de lo Constitucional dijo en su resolución que el “aumento injustificado y progresivo de la planilla de personal en el sector público y de la magnitud de la carga presupuestaria que implica, influye en el desequilibrio del presupuesto de cada año”.
Cabe mencionar que el presupuesto de 2018 contiene un déficit de $554.1 millones que el gobierno pide subsanar con emisión de más deuda, pero paradójicamente también presenta un incremento de $562.7 millones en relación al gasto de 2017.
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En el rubro de remuneraciones se detalla que para 2018 se ha destinado $1,811.5 millones, es decir, $22.3 millones más en comparación con lo presupuestado para este año.
De ese monto global, Sólo para el Órgano Ejecutivo se ha designado $1,449.7 millones, o sea, $14.6 millones adicionales que en 2017, según el detalle que ha hecho Lemus.
Las empresas descentralizadas son las que más acaparan fondos del Estado para pagar salarios, entre ellas, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).
A estas instituciones, el gobierno ha asignado un total de $780.3 millones para salarios en 2018, significando un alza de $42.9 millones de incremento en relación a 2017.
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Para las empresas públicas como la Lotería Nacional de Beneficiencia, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, se han orientado $122.8 millones para plazas, , $14.6 millones más que en 2017.
La Sala dijo que el monto de remuneraciones en El Salvador “supera la media observada en Centroamérica”, por lo que deben “adoptarse medidas para corregir esta infracción constitucional”.