Oposición condiciona presupuesto de 2018 a recortes en autónomas

Están en juego la contratación de 1,200 plazas en CEPA y varias reformas de ley.

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Diputado del FMLN, Rolando Mata (derecha) y Guillermo Gallegos, de GANA. Foto EDH/ARCHIVO

Por Eugenia Velásquez

28 December 2017

Para aprobar el financiamiento de $350 millones que tiene de déficit el presupuesto del próximo año, la oposición tiene claro que el Gobierno debe, además de transparentar las finanzas de las autónomas, racionalizar los gastos y las contrataciones en esas empresas públicas tales como la CEL, CEPA, ANDA, Proesa, entre otras.

Según fuentes internas que participan de las conversaciones interpartidarias con el gobierno, si bien las partes han cedido en algunos aspectos, hay una serie de condiciones que deberán quedar por escrito, y para ello se está trabajando en elaborar un documento similar al Acuerdo Marco que firmaron ARENA y el FMLN con el gobierno en 2016, fecha en que se creó la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual un año después, los partidos intentan aplicar con medidas fiscales proyectadas a 2024.

Un punto medular en las pláticas es la contratación de 1,200 nuevas plazas en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El gobierno justifica que no se trata de nuevos empleados, sino de trabajadores que estaban contratados por servicios profesionales y que ahora pasarían a contrato formal con CEPA.

Este detalle está siendo valorado con detenimiento por el temor de que al aprobarlo tal como lo plantea el Ejecutivo se incumpla con el fallo de la Sala que ordenó congelar la contratación de plazas.

El acuerdo de financiar $350 millones se logró después de que los diputados incorporaron un poco más de $125 millones de ingresos que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, obvió colocar en el proyecto de presupuesto.

Y de reducir el gasto superfluo en varios rubros, como publicidad, viajes, y viáticos, entre otros, de todo esto, los partidos concluyeron que no eran $554.4 millones extra los que se necesitan para funcionar en 2018, sino $350 millones, es decir, $204.4 millones menos de lo que el gobierno se había proyectado.

A esto se añade que, dentro del acuerdo quedó establecido que el financiamiento de los $350 millones ya no será con emisión de bonos como había solicitado el Ejecutivo, sino por medio de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues con este organismo, se prevé que el gobierno se ahorre cerca de $12 millones al año en pago de intereses.

Los partidos también se comprometieron que en el monto del financiamiento adicional al presupuesto, $40 millones serán para reforzar las asignaciones financieras de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN con $6 millones; a Salud Pública se le darán $10 millones más; al ramo de Educación $10 millones adicionales; y otros $5 millones para las pensiones del Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) y para las elecciones de 2018.

La supervisión de como se ejecutarán esos $40 millones, estaría a cargo de una comisión especial legislativa.

Al respecto, el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, sostuvo que es un tema que se ha discutido, pero que no hay definición todavía, pero que en todo caso, si así fuera, sería la Comisión de Hacienda legislativa la responsable de esa misión, porque allí hay representación de todos los partidos, dijo.

A los ministerios de Salud, Educación y Seguridad, instituciones claves para el desarrollo de un país, el gobierno le había recortado fondos en el plan de gastos de 2018.

A Salud Pública le había destinado $20 millones menos que en 2017; a Educación le redujo $8 millones; y a Seguridad le quitó $17.6 millones en comparación con este año.

También, el gremio de los militares se quejó que el gobierno les dio $20 millones menos de los que necesitan para el próximo año, mientras que los veteranos de la FAES y del FMLN aseguran que han sido “engañados” por el Ejecutivo con una ley de veteranos que no se apega a la realidad y que el pago de sus pensiones es letra muerta.

Las cartas sobre la mesa

Aunque Gallegos anunció que para el 3 de enero aprobarán el presupuesto con el financiamiento de $350 millones, para Manuel Rodríguez, secretario del PCN, antes habrá que definir los compromisos que los partidos han valorado, especialmente entre ARENA y el FMLN.

Se prevé que para ese día se preparen al menos seis dictámenes distintos que contemplarán todos los compromisos adquiridos por los partidos. Gallegos informó que estarían listos en la tarde del 3 de enero, día en que planean aprobar la ampliación del subsidio al transporte público, tema que también ha salido a relucir en las conversaciones.

Otros detalles los dio a conocer Milena de Escalón, de ARENA, los cuales son: trasladar las acciones de Inversiones Energéticas (INE) y de LaGeo a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y hacer reformas de ley para que las oficinas autónomas sean auditadas por la Corte de Cuentas de la República.

Además, hay otras valoraciones en juego, como nuevas reformas a la Ley de Asocios Público Privados (APP); promoción y adendas a la recién aprobada Ley de Simplificación Administrativa.

Se le consultó a Rolando Mata, del FMLN, sobre los acuerdos mencionados, pero dijo que será el 3 de enero que se conocerán, porque “todo se puede mover”, aseguró el oficialista.