“Es inaceptable que El Salvador se encuentre entre los países que no logran adaptar su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de lavado de dinero y activos”, expresó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
En su más reciente posición institucional, el tanque de pensamiento lamenta que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, haya vetado por supuesta inconstitucionalidad el decreto que daba más autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR). Este fue un requisito del grupo Edgmont, que facilita la cooperación y el intercambio de datos financieros entre 159 países miembros para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
A juicio del mandatario, esta reforma, aprobada en la Asamblea Legislativa en julio del presente año, es inconstitucional darle autonomía a una unidad que pertenece a una institución ya autónoma, como es la Fiscalía.
Es necesario restablecer la credibilidad de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción
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— Fusades (@fusades) October 19, 2018
A raíz del veto presidencial, El Salvador fue suspendido de este grupo lo que, según Fusades, tendrá un impacto no solo en la investigación de supuestos casos de corrupción. Además, produce una “degradación de la imagen financiera de los países con consecuencias en la calificación de riesgo, obtención de financiamiento, cooperación e inversión internacional” y coloca como ejemplo a Fomilenio, que requiere que el país tenga una buena ley de lavado de dinero y activos.
El pasado 17 de octubre se aprobó en el Legislativo la superación del veto presidencial, por lo que la reforma a la UIF volverá al despacho presidencial. Sin embargo, a raíz de que el veto original fue por inconstitucionalidad el presidente tiene la opción de remitirlo a la Sala de lo Constitucional, la cual aún no ha sido nombrada. Por ello, el decreto quedaría estancado.
En su posición institucional, el tanque de pensamiento llama al presidente a reconsiderar su postura y así evitar un impasse en este tema, lo cual afectaría investigaciones de posible corrupción y lavado de dinero que impliquen requerimientos internacionales de información. Según aclaran, Sánchez Cerén tiene la opción de no enviar el tema al Judicial, sino de avalarlo y proceder a la publicación en el Diario Oficial, con lo que el país podría reintegrarse al Grupo Edgmont.
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Asimismo, Fusades explica que la reforma “se puede entender en el sentido que lo que se otorga al jefe de la UIF son facultades diferenciadas por especificidad, dentro de las cuales puede operar con cierto margen de autonomía pero sigue siendo una oficina dentro de la Fiscalía, con presupuesto que forma parte de esta y personal sujeto al régimen de la carrera fiscal”. Con esto, se solventarían las dudas planteadas por el presidente.
Ven “pasividad” en combate a corrupción y lavado
De acuerdo con el director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro, al vetar el decreto por inconstitucionalidad, conscientes de que aún no hay Sala de lo Constitucionalidad electa, “el gobierno manda un mensaje de que no acompaña la lucha a la corrupción y eso tiene grandes consecuencias para El Salvador porque daña la imagen al vernos como un país que no quiere cooperar de forma efectiva contra la corrupción así como el combate al lavado de dinero”.
Además, Castro ve con suspicacia que en los últimos tres meses, desde que no hay Sala, ha habido más decretos de inconstitucionalidad que en los últimos cuatro años de este Gobierno. Sin embargo, llama al presidente a dar por superada la raíz del veto y mandar el decreto publicado el pasado miércoles a publicación. De no hacerlo, el grupo Edgmont puede expulsarnos definitivamente y perderíamos el flujo de información internacional sobre posible corrupción, advierte.