Con el rompimiento del bloque FMLN-GANA en la votación del miércoles 17 de octubre en la Asamblea se logró superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a las reformas de la ley orgánica de la Fiscalía, y por el cual el país fue sacado del grupo Egmont, organización que comparte información con más de 100 países para investigar el delito de lavado de dinero y activos.
Ante esto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, de ARENA, exhortó este jueves al presidente Sánchez Cerén a que tome “conciencia” y acepte la superación del veto.
Dijo que el Ejecutivo tiene tres días para analizarlo y aceptar, ya que ante la falta de magistrados de la Sala de lo Constitucional, aunque los diputados hayan logrado superarlo, el decreto se queda en el limbo, porque no hay un máximo tribunal que dirima sobre la constitucionalidad o no de las reformas que fueron aprobadas por los legisladores el pasado 20 de julio.
Lee también: Asamblea supera veto que sacó al país de grupo mundial anticorrupción
En un artículo escrito por el exmagistrado Florentín Meléndez de la Sala de lo Constitucional el pasado 3 de septiembre, y publicado en este periódico, detalla que ante la ausencia de magistrados de la Sala de lo Constitucional, en la práctica el Ejecutivo se está convirtiendo en un Tribunal Constitucional.
“El Órgano Ejecutivo se está convirtiendo en la práctica y de manera indefinida, en el ente decidor del conflicto de poderes que se presenta en el proceso de formación de las leyes; es decir que se está convirtiendo en el tribunal constitucional del país, ejerciendo indebidamente el poder de decidir qué proyecto de ley es o no constitucional, ante el vacío producido por la omisión de los legisladores de nombrar a magistrados idóneos para el cargo”, escribió en ese entonces.
Mira también Fiscalía: Funes se beneficia con salida de grupo anticorrupión
Las declaraciones las brindó Quijano el jueves tras dar los detalles sobre la subasta de 13 camionetas que se llevará a cabo este sábado 20 de octubre.
La sanción del grupo Egmont vino luego de que el presidente Sánchez Cerén vetara la reforma a la ley de la Fiscalía que daba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para investigar casos de corrupción y de lavado de dinero.
En su momento, la Fiscalía afirmó que el expresidente prófugo Mauricio Funes es uno de los mayores beneficiados con la suspensión de El Salvador del grupo anticorrupción, ya que el país no podrá acceder a información que manejan las Unidades de Inteligencia Financiera de ese ente.