El secretario general de la ONU, António Guterres, está estudiando “cuidadosamente” la carta que le ha remitido el Gobierno guatemalteco para demandar la sustitución de Iván Velásquez como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), según su portavoz, Stéphane Dujarric.
En la misiva, el Ejecutivo calificaba de “definitiva y no negociable” la salida de Velásquez y pedía a Guterres una lista de posibles sustitutos en un plazo de 48 horas.
“El secretario general está revisando cuidadosamente la carta del Gobierno guatemalteco”, dijo ayer Dujarric, que recordó que el mensaje se envió después de que la Corte de Constitucionalidad decretara unánimemente que se debía permitir el regreso del comisionado de la Cicig al país.
Hasta ahora, la ONU ha defendido en todo momento el trabajo de Velásquez, frente a las críticas del presidente guatemalteco, Jimmy Morales.
Dujarric apuntó que la Cicig “ha sido considerada ampliamente exitosa en el apoyo de los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y reforzar las instituciones nacionales responsables de investigar y procesar crímenes dentro de su mandato”.
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Además, el portavoz recordó que la Secretaría General estaba en conversaciones con el Gobierno guatemalteco para “desarrollar formas de abordar sus preocupaciones” sobre el trabajo de la Cicig y dijo que la organización “sigue abierta a continuar esas discusiones”.
Asimismo, Dujarric destacó que, según el acuerdo por el que se creó la Comisión, es el jefe de la ONU el que elige al comisario de la Cicig.
Guatemala anunció el 4 de septiembre que no permitiría el regreso de Velásquez, después de que este saliera del país temporalmente y tras haber ordenado ya antes su expulsión, una medida que fue revocada por la Justicia.
El Gobierno reiteró el lunes que no autorizará la entrada del jurista colombiano a pesar de que la Corte de Constitucionalidad le ordenó permitir su ingreso.
El Ejecutivo defendió este lunes que su postura no choca con esa decisión, pues considera que lo que pide el tribunal es que se permita el ingreso de una “comisionada o comisionado” al país y no explícitamente la entrada de Velásquez.
Además, la canciller Sandra Jovel insistió ayer en que cualquier nuevo jefe de la Cicig debe contar con el “asentimiento” del Gobierno.
La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Desde entonces, el presidente ha intentado una y otra vez minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales por haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.
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Sin entregar visas a personal
El portavoz de la Cicig, Matías Ponce, negó ayer que el Gobierno guatemalteco haya entregado las visas de trabajo para el personal del organismo.
“Por ahora no tenemos ninguna comunicación ni notificación de la Cancillería por el tema de las visas. La documentación fue entregada el día 28 de agosto. Las visas del staff internacional vencieron el 31 de agosto y hasta el momento no se nos ha entregado nada”, apuntó.
Las declaraciones de Ponce se producen después de que este mismo martes la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, señalara que se habían empezado a entregar los documentos.
“Hoy comenzaron a entregarse, tras concluir los análisis respectivos”, declaró la canciller a los medios tras la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.
Algunas organizaciones como el Frente Ciudadano Contra la Corrupción han señalado que el presidente Morales tiene “conflictos de interés” en no permitir la entrada del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. -EFE