Los últimos casos de corrupción, sobre todo los de los ex presidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, ha demostrado que los gastos reservados de Casa Presidencial se utilizaron de forma irregular, con abuso de la secretividad y cero transparencia, según explicó la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y Transparencia Internacional quienes presentaron un estudio sobre su manejo.
Por ello se deben de realizar diferentes reformas y crear reglamentos para el uso de la “partida secreta”, una cuenta que está dentro del presupuesto de la presidencia pero que no tiene ningún mecanismo de control, aunque la Corte de Cuentas de la República (CCR) haya realizado exámenes de auditoría pero sin determinar responsabilidades en el mal manejo de los fondos, agregó Funde.
Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, explicó que los gastos reservados de Casa Presidencial han estado bajo escondidos bajo la partida 54315 (que incluye pago de servicios generales y arrendamientos) y que en el presupuesto nunca se ha incluido una partida para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), factor que genera discrecionalidad.
“Vemos que ha existido un manejo presupuestario muy opaco porque es muy diferente a la ejecución del gasto; la triangulación de transferencias por medio de partidas de gastos imprevistos ha sido utilizada de forma abusiva para ocultar, estos recursos están distribuidos bajo un esquema donde hay varias capas de secretividad que posibilitan el manejo irregular de los fondos y evitar su rendición de cuentas”, explicó Rubio.
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En este sentido un dato revelador del estudio de Funde es que la CCR realizó exámenes “viciados y negligentes” sobre los gastos reservados que por ello la Corte no cumplió su rol y permitió la corrupción que se gestó desde Casa Presidencial, según Funde.
“En la Corte, desde la planificación de los exámenes era claro que los objetivos no podían ser logrados porque el alcance de estos procesos de auditoría se limitaba a revisar los registros y movimientos presupuestarios y no los gastos, las auditorías estaban viciadas desde antes de ser realizadas y esto demuestra complicidad institucional”, explicó Jaime López, investigador de Funde y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción.
Rubio calificó a la CCR como “una fábrica de empleos de la militancia” de los partidos y enfatizó en que los gastos reservados van generando una perdida de credibilidad en las instituciones y una distorsión democrática.
Por su parte Romel Rodríguez, investigador de Funde, agregó que el único uso que se le puede dar a los gastos reservados es cuando se debe de costear la inteligencia del Estado, la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, por lo que es una arbitrariedad el pago de sobresueldos o gastos discrecionales.
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“La mal llamada partida secreta no debe de ser un mecanismo para pagar sobresueldos, por eso urge una Ley de Función Pública y una revisión profunda de la Ley de Salarios para legalizar todo tipo de erogaciones complementarias y que los montos asignados sean coherentes con las responsabilidades y las competencias adquiridas”, valoró Rodríguez.
Otras de las recomendaciones que Funde hizo es la de la creación, en el presupuesto general de la nación, de la partida de “operaciones de inteligencia”, adscrita al monto asignado de la OIE y de Casa Presidencial, para que la Asamblea Legislativa pueda conocer los montos que son asignados antes de su aprobación y luego contrastar, con el informe de ejecución presupuestaria, si hay relación entre el dinero y lo invertido en la materia.
Además exhortan a que se hagan las reformas pertinentes a la CCR para que se realicen auditorias programadas y que todos los informes sean públicos, partiendo del principio de máxima publicidad, pero preservando detalles que pueden ir en contra de la seguridad nacional.
Las organizaciones esperan que estos temas también estén en la agenda de los candidatos presidenciales