La falta de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los pocos criterios para su selección y de deliberación en la Asamblea Legislativa son dos de los principales hallazgos del informe de coyuntura legal e institucional de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) del primer semestre del año.
Además ha empeorado la percepción de la corrupción y se necesitan nuevos mecanismos para combatirla, reformando el rol que juegan instituciones clave como la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), sintetiza el informe.
“Nos preocupa la falta de transparencia y los reclamos de los partidos políticos de querer imponer ciertas candidaturas a magistrados, se necesitan buenos mecanismos de elección donde prevalezcan los perfiles y no los nexos con un partido político o una corriente ideológica”, explicó Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de Fusades.
Por ello, según Castro, está pendiente modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa para cambiar el procedimiento y mejorar los filtros de elección, tanto desde la Fedaes como el Consejo Nacional de la Judicatura.
“Aunque este proceso ha sido mejor que en de otras elecciones y se han hecho entrevistas públicas no se puede continuar eligiendo por cuoteo o con otros parámetros diferentes al perfil y a la idoneidad del cargo”, agregó el miembro de Fusades.
Por su parte Lilliam Arrieta, investigadora de Fusades, explicó que mientras la CCR y el TEG no sean reformadas seguirán siendo instituciones que, lejos de investigar la corrupción, la están ocultando.
“La Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética deben de reestructurarse, hay una clara ausencia de controles y todo eso facilita la corrupción, pero eso pasa por reformas a la Constitución que garanticen magistrados que sean independientes y que realicen verdaderas auditorías a las instituciones públicas y a los funcionarios”, afirmó Arrieta.
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La investigadora consideró que es importante aprobar una nueva Ley de Probidad, ya que según datos de Fusades, en los últimos 12 meses, la sección de Probidad no ha ordenado nuevos juicios y tiene muchos casos archivados.
“La percepción sobre la corrupción ha empeorado porque instituciones que complementan la lucha anticorrupción como la sección de Probidad se han estancado, los casos de gran corrupción que se han investigado recientemente ponen en evidencia la necesidad de reformular el esquema de control de los fondos públicos”, explicó Arrieta.
Para Fusades, la transparencia y lucha contra la corrupción está dependiendo de las personas que están al frente de las instituciones, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de nombramiento de los funcionarios y de los servidores públicos en general.
Otro tema donde el informe apunta a que debe d e existir reformas urgentes es en la Ley de Acceso a la Información donde aún hay discrecionalidad y resistencia de ciertas instituciones públicas a dar datos que son públicos.
“Hay procedimientos de esta Ley que tardan días o meses porque existen diferentes vacíos y hay casos donde los oficiales de información no dan lo que la población solicita porque su nombramiento depende de los titulares de las instituciones, eso debe de modificarse a corto plazo”, explicó Arrieta.
Fusades asegura en su informe que las tasas de homicidios continúan en niveles altos, lo que tiene efectos graves en la calidad de vida de los salvadoreños, así como en el clima de inversión.
“Es una tarea urgente atender el problema de la criminalidad y encontrar una solución integral y sostenible, la cual debe estar enmarcada en el respeto al Estado de derecho porque esto sigue generando incertidumbre jurídica y afecta en la inversión extranjera”, puntualiza el informe de Fusades.