El veto del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), provocará que el país sea relegado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a no acceder y poder compartir información de personas investigadas por los delitos de lavado de dinero y a pagar más intereses por los créditos, expresaron ayer diputados de ARENA y del PCN.
La Asamblea dio por recibida ayer del veto presidencial a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía, que aprobaron en días pasados los diputados, excepto la bancada del FMLN. Sánchez Cerén objeta que las reformas para que la UIF sea independiente del titular del Ministerio Público son inconstitucionales.
El dictamen fue aprobado el pasado 20 de julio y modificaba el artículo 70 de la Ley de la FGR para cumplir con diferentes convenios y acuerdos internacionales, algo que para Sánchez Cerén “va en contra de la Constitución de la República” porque viola sus artículos 86 y 193y elimina atribuciones de origen constitucional a la Fiscalía.
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“Estimo que la finalidad de dotar de autonomía funcional y operativa a la Unidad de Investigación Financiera puede ser lograda respetando el marco constitucional, otorgando cierto grado de autonomía pero sin que implique al funcionario despojarse de dicha atribución”, dice el mandatario en el veto enviado el pasado 9 de agosto a la Asamblea Legislativa.
Esta reforma fue solicitada por la Fiscalía en enero para cumplir con observaciones hechas por organismos internacionales para que no exista fuga de información confidencial y ajustarse a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algo que permite compartir información sobre investigaciones de lavado de dinero y otras operaciones sospechosas entre varios países.
“La autonomía de la Unidad implica que ni el propio Fiscal tendría conocimiento de las investigaciones que allí se realicen, solamente las operaciones administrativas y quienes incumplan con el deber de confidencialidad pueden llegar a tener hasta sanciones penales”, argumentó la Fiscalía cuando solicitó las reformas.
Mientras que legisladores del FMLN apoyan el veto y consideran que la decisión presidencial devuelve la autonomía a la Fiscalía, y no se vulnera la “soberanía del país”, ARENA y el PCN dicen que se pretende frenar informes de investigaciones por lavado de dinero.
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“Quien debe de dirigir por Constitución la investigación del delito es la FGR, por lo cual el debe conducir funcionalmente todas las unidades que investiguen, consideramos que esto violenta la soberanía del país, el veto da autonomía funcional y administrativa y lo funcional siempre debe depender del Fiscal General, quien es el que representa la institucionalidad del Estado”, dijo Nidia Díaz, diputada y jefa de la bancada del FMLN.
Sin embargo para Antonio Almendáriz, del PCN, el veto provocará que en la próxima calificación que se le haga al país se pasará “a una lista negra” con respecto a las investigaciones financieras y de lavado de dinero.
“Hoy el país no va a poder compartir información, ni va a mandar ni recibir, pasar a una lista negra de este tipo significa que hasta afectará prestamos y todo lo relativo a las investigaciones del lavado de dinero”, agregó el diputado Almendáriz.
René Portillo Cuadra, de ARENA, dice que Sánchez Cerén vetó el decreto porque el gobierno quiere mantener el control sobre los informes financieros. “Nosotros lo que hicimos fue dotar de autonomía a la oficina para que no exista la posibilidad de hacer un uso discrecional de los informes, aunque está continúe bajo la sombra del fiscal, Casa Presidencial no puede tener esta oficina a su disposición”, indicó.