La falta de acuerdos políticos entre las fracciones legislativas ha provocado que El Salvador amanezca hoy con una Sala de lo Constitucional desintegrada, lo cual implica un grave riesgo pues no hay un tribunal que proteja los derechos constitucionales de los salvadoreños.
A esto se agrega la desconfianza y la incertidumbre que genera entre gremiales y organizaciones sociales, además del retraso, el secretismo con el que los diputados discuten los nombres de los candidatos y la difusión de listas que muestran a personas no idóneas.
La Asamblea había acordado el sábado convocar a una sesión plenaria para ayer a las 6 de la tarde, pero el presidente de la Asamblea, el tricolor Norman Quijano, anunció que los jefes de bancada le pidieron que se pospusieran las discusiones para hoy lunes a las 4:00 de la tarde. “A petición de coordinadores de grupos parlamentarios, se suspenden la Comisión Política programada para esta tarde (ayer) y la continuación de la sesión plenaria. La Comisión Política queda convocada para mañana a las 4 p.m.”, señaló el presidente legislativo en su cuenta de Twitter.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Edward Sidney Blanco concluyeron ayer su período de 9 años, además de la magistrada María Luz Regalado, miembro de la Sala de lo Civil.
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Los legisladores han hecho un cuadro para determinar cuáles son los candidatos que gozan de más apoyo. La abogada Sonia Cortez de Madriz es la que más respaldo tiene, con 82 votos de las bancadas de ARENA, FMLN, GANA, PDC y PCN. En segundo lugar están Carlos Rafael Pineda, con 79 votos; Carlos Ernesto Sánchez, con 60 votos; Olinda Morena Vázquez, con 60 votos, y Marlon Harold Cornejo, con 59 votos.
Organizaciones ven falta de transparencia
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y analistas han mostrado su preocupación por el atraso en la selección de los aspirantes y el nombramiento de los nuevos magistrados de la Corte Suprema.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Jurídicos de Fusades, sostuvo que es peligroso que el país amanezca hoy sin magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que esto implicaría que las personas no puedan tener acceso a la justicia constitucional en caso de abuso de poder.
“Amanecemos sin Sala y los ciudadanos, si quieren interponer proceso de inconstitucionalidad o cualquier otro proceso ante la misma, no podrían hacerlo. Los procesos que están en curso se detienen, y si hay abusos de poder no hay formas de ponerle límites, nos pone en una situación complicada de casi poder de facto”, consideró el abogado.
También se mostró preocupado por el hecho de que no hay acceso a las deliberaciones que tiene la Comisión Política para elegir al os perfiles, así como la falta de criterios técnicos establecidos para determinar porque se inclinan por uno u otro aspirante.
Según el abogado, esto podría dar lugar a creer de que los diputados están eligiendo con base a repartos y cuotas partidarias. “Nos preocupa que no estamos viendo ningún mecanismo objetivo de evaluación de perfiles ni deliberación pública, y esta etapa final del proceso se está viendo con ausencia de transparencia. Lo único que se ve es intercambios de nombres, y nos preocupa porque esto nos va a llevar reparto de cuotas”, acotó.
Por su parte, el abogado Humberto Sáenz Marinero, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), coincidió con Castro en que el proceso de elección se está dando con poca transparencia y sin criterios de peso para seleccionar a los mejores perfiles.
“La verdad que estamos lamentando la forma en que han procedido a realizar este proceso en la última etapa, contrario a lo que nos habían dicho están haciendo lo que no se debe hacer en un proceso de esta naturaleza. Están negociando a espaldas de la ciudadanía y no sabemos cuáles son los parámetros que están pesando para elegir a los magistrados”, sostuvo Sáenz Marinero.
“Conflicto de intereses” con funcionario
Asimismo, los representantes de las organizaciones cívicas que han seguido el proceso consideraron que el hecho de que se haya incluido al jefe de la Sección de Propiedad de la Corte Suprema, Carlos Pineda, podría tener de fondo un claro conflicto de intereses debido a que hay diputados dentro de la comisión política que están siendo investigados por casos de enriquecimiento ilícito en dicha instancia de la corte.
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A juicio de Castro, lo más indicado es que estos diputados se separan del proceso de elección. “Lo que vemos en el caso del jefe de Probidad es que hay conflicto de interés porque hay diputados que tiene expedientes en Probidad, y todos estos diputados deberían apartarse del proceso de elección de diputados”, afirmó.
De la misma forma, el presidente del CEJ señaló que este caso es uno de los que más los ha llevado a dudar sobre la transparencia del proceso de elección. “Hay un caso de conflicto de intereses. Él (jefe de la Sección de Probidad) ni siquiera debería estar participando en un proceso de esa naturaleza y los diputados que están siendo investigados tampoco deberían estar siendo parte”, acotó.
El analista político Mauricio Choussy llamó a las instituciones que velan por la ética pública a que se pronuncien en este caso. “Nuevamente, pido a las instituciones garantes de la ética pública que se pronuncien. Los Diputados que tienen casos pendientes en la sección de probidad NO DEBEN VOTAR en la elección de Magistrados de CSJ, hay conflicto de interés”, escribió el analista en su cuenta de Twitter.