Cerca de $30 millones del impuesto para la seguridad de un total de $80.9 millones están en discusión entre los diputados de la Comisión de Hacienda, y se debe a que el gobierno sigue distribuyendo ese dinero entre entidades que están bajo la tutela de la Presidencia y no se destinan para el combate del delito, que fue el objetivo por el cual se creó el impuesto a los servicios de telefonía y sus conexos.
En la propuesta de distribución de los fondos que presentó ayer el Gabinete de Gobierno a los diputados de la Comisión de Hacienda, se detalla que un total de $9.8 millones van distribuidos entre el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), que es manejado directamente por el gobierno; a la Secretaría de Gobernabilidad y a la Secretaría de Inclusión Social.
Según el documento de planeación del gobierno, Gobernabilidad administrará un millón de dólares en la construcción del complejo cultural San Jacinto; mientras que la Secretaría de Inclusión Social utilizará $200 mil para programas de “alfabetización con derechos humanos de las mujeres”; Injuve usará $8.4 millones para “continuar ejecutando el programa de Empleo y Empleabilidad y el programa Actívate”; también el Ministerio de Cultura tiene asignados $400 mil para “continuar con las acciones del programa Actívate”.
Otros $20 millones se asignan a programas de prevención, rehabilitación y reinserción social, entre los que se incluyen obras en parques, y muros perimetrales, entre otros y $2.7 millones van para asistencia y protección a víctimas, que incluye otros $200 mil para el “fortalecimiento del programa Ciudad Mujer Comunitaria, módulo de atención a la violencia de género”, manejado por la Secretaría de Inclusión Social.
Lo que ayer lograron acordar los diputados es asignar más de $50 millones del impuesto de la seguridad para el pago del bono de los policías; para la Fiscalía; para el Ministerio de la Defensa, para la Procuraduría General de la República y para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, consideró que antes de aprobar el monto que quedó pendiente del impuesto a la seguridad hay que hacer una revisión detallada del uso que se le da a los fondos.
“No podemos estar usando la contribución especial para construir muros o parques, hay que garantizar que ese impuesto que pagan los salvadoreños sea para combatir la inseguridad”, dijo Vargas.
Por su parte Yanci Urbina, diputada del FMLN, aseguró que los montos asignados son solo para tareas de seguridad y descartó que su uso sea para otros fines.