Ante los señalamientos en redes sociales de que en la discusión de la Ley General de Agua, se pretende privatizar el recurso hídrico, los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea, encargada de analizar la normativa para su aprobación, salieron al paso y argumentan que en los artículos acordados hasta la fecha, se deja establecido la inhabilitación de la empresa privada en el manejo del agua.
La discusión del anteproyecto lleva muchos años en el Congreso, pero ha sido hasta en la legislatura pasada que cobró auge. Los diputados tienen en sus manos tres documentos presentados por distintas organizaciones sociales y uno diseñado por el Estado, en total son 4.
Según la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres, la Comisión de Medio Ambiente de esta nueva legislatura, ha decidido tomar como base un proyecto elaborado por técnicos hídricos del Ministerio de Medio Ambiente, pero siempre cuidando de retomar los aspectos positivos que contienen los otros tres documentos y que sean de beneficio para la población.
La redacción del proyecto base tardó más de un año, pero la titular de Medio Ambiente, Lina Pohl decidió no presentarlo a la Asamblea, según afirma Batres, sin embargo, los diputados de todos los partidos le dieron iniciativa de ley, aseguró.
El punto que ha desatado las sospechas de las organizaciones sociales de que la Asamblea busca privatizar el agua es la creación de la entidad rectora del líquido, ya que esta ha quedado definida desde la legislatura pasada como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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De aquí se desprende la denuncia de las organizaciones sociales de que algunos de sus representantes serán empresarios, pero los diputados Batres, de ARENA; Mario Ponce, del PCN; y Francisco Zablah, de GANA, lo desmienten.
“En esa ley estaría el Presidente (de la autónoma) nombrado por el presidente de la República, dos representantes de Comures (Corporación de Municipalidades de la República) y dos personas a propuesta de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada), pero eso sí, el artículo es específico, no habla que sean representantes de la ANEP sino a propuesta”, aclaró Batres.
De hecho, desde la legislatura pasada, Batres asegura que acordaron la redacción de cinco artículos, entre los que se menciona que miembros de las gremiales empresariales están inhibidos de pertenecer a la autoridad rectora del agua.
Ponce agregó que también están impedidos de ser representantes en la rectoría del recurso hídrico los familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad con miembros de la ANEP y personas que de forma directa o indirecta tengan que ver con la gremial, así como los alcaldes, miembros de la dirección de partidos políticos, diputados, funcionarios de segundo grado, empresas envasadoras de agua, la gran industria que usa el recurso hídrico para elaborar sus productos, integrantes de Juntas de Agua, Adescos, y asociaciones de regantes, entre otros.
Zablah rechazó que se intente privatizar el agua, y muestra de ello, mencionó que ayer la Comisión de Medio Ambiente acordó 8 artículos y en el cuarto se deja plasmado claramente que el agua es un “bien nacional de uso público”.
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“El agua es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible; su dominio pertenece a la Nación y su uso y goce a todos los habitantes del país; en consecuencia, corresponde al Estado la regulación, gestión y control de dicho recurso, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley”, reza el artículo 4 acordado ayer en laComisión de Medio Ambiente.
Zablah, Batres y Ponce afirman que en la discusión se están analizando los cuatro proyectos presentados por el Estado, por los regantes, por el Foro del Agua y por la Ley Integral del Agua, y tomando en consideración todos los insumos.