¿Qué buscaban con el sistema escalonado establecido en 1991?
Cuando hicimos la reforma constitucional planteamos períodos largos para los magistrados, inclusivo planteamos 12 años pero la Asamblea Legislativa consideró que era demasiado tiempo y lo redujo a nueve años -que continúa siendo un período muy largo. Los redactores de la reforma pensamos que era necesario evitar lo que ocurrió con los cuatro magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que se eligió a casi todo el tribunal de una sola vez -cuatro de cinco magistrados. Esto no permite la introducción de pensamiento renovable o de un debate más fresco. Por ello lo que hicimos en 1991 fue señalar en las disposiciones transitorias de la reforma que para el primer período, que inició en 1994, la Asamblea Legislativa fijaría mandatos de tres, seis y nueve años con la idea que la Sala se renovara cada tres años con nuevo magistrados en combinación con magistrados con experiencia.
¿Y así se hizo hasta el año 2003?
Así se hizo al principio pero hubo una burla a medio camino, lamentablemente realizada por dos abogados: uno del partido FMLN y otro del partido ARENA. Dos abogados negociaron el traslado de magistrados de la Sala de lo Civil y de la Sala de lo Contencioso Administrativo -el doctor Clará y la doctora Avilés- a la Sala de lo Constituciona, después de haber fungido en las otras salas tres años. Entonces ellos duraron seis años, ahí interrumpieron el ciclo de renovación. Con ello se generó que la misma Sala durara nueve años, sin renovación, como ha sucedido actualmente.
¿Se tenía conciencia de la distorsión en aquel momento?
Yo pienso que no, pero cuando nos dimos cuenta de eso hubo un debate en televisión de todos los secretarios de los partidos políticos con algunos académicos. Yo estuve presente con los académicos porque había coordinado el grupo que redactó la reforma constitucional. Recuerdo que estaba ahí Medardo González y Rodolfo Parker y que casi que juraron y se comprometieron, a nombre de sus partidos, a que no volverían a trasladar magistrados para no distorsionar la rotación que se buscaba inicialmente. Ahora hay una iniciativa presentada por varios diputados en la que a través de una disposición transitoria se pretende elegir, de los cuatro magistrados, a dos que vayan por un período más corto. Después habría que reajustar en 2024 para que quede normalizada la alternancia, que fue la filosofía de la reforma de 1991 previo al Acuerdo de Paz.
¿Se está burlando el espíritu del Acuerdo de Paz?
Se burló el espíritu de renovación por terceras partes, tal como se había pactado; podemos pensar que, sin proponérselo, los diputados rompieron el esquema de renovación que ya se había planteado durante el proceso de paz. Y ahora, a pesar que hay una cantidad de firmas de más de 10 diputados, el tema se ha vuelto a quedar en el tintero y no hay nadie que esté impulsado esto. Si no hacen el acuerdo de reforma constitucional en el mes de febrero hay una sentencia de la Sala que los inhibe para que lo hagan después de la elección del 4 de marzo. El acuerdo de reforma debe hacerse en lo que queda del mes de febrero, para trasladarse en la siguiente legislatura que tomaría posesión en mayo. Así, en junio tendrían que ratificar esta propuesta para que tuviera validez en la próxima elección de magistrados en julio.
¿Cuál es el riesgo de no hacerlo?
El riesgo es que nos volvamos a quedar con la situación de elegir a cuatro magistrados por nueve años en la Sala de lo Constitucional, que es lo que se pretendió evitar por el plazo tan largo que eso significa. Es conveniente que los magistrados tengan estabilidad por nueve años, pero es inconveniente que los nueve años se trasladen a un tribunal.