La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y otras organizaciones presentaron ayer una comisión de tres expertos internacionales que tendrán por objeto evaluar la independencia, los méritos y cualidades de cada uno de los finalistas seleccionados para integrar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Esta comisión tiene como uno de sus principales fines promover que el proceso de selección de los magistrados al máximo tribunal de Justicia se realice conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas en materia de Independencia judicial, señalaron integrantes de la DPLF.
Esto pretende ser una herramienta valiosa para tomar en cuenta por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen que renovar a cinco de los 15 magistrados antes del 15 de julio próximo.
La mencionada comisión es un panel independiente con expertos sin vínculos partidarios, lo cual significa que una vez instalado, las organizaciones que lo impulsan no tienen ninguna injerencia ni participación en las deliberaciones ni en el contenido de las decisiones que plasmarán en un informe final.
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Este panel estará integrado por los abogados Magdalena Correa, Jan Michael Simon y Antonio Maldonado, de Colombia, Alemania y Perú, respectivamente.
Otra de las organizaciones que están patrocinando este esfuerzo es la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En tanto, la subdirectora del Programa para América Centroamérica y México de CEJIL, Marcela Martino, sostuvo que “este tipo de iniciativas, que se están impulsando en varios países del continente, pretenden conseguir una región más democrática, reforzando los órganos de justicia para que sean integrados de forma transparente, con integrantes independientes, idóneos y en paridad”.
Uno de los miembros del panel, Jan Michel Simon, sostuvo que es fundamental que exista un órgano constitucional independiente en democracias como la de El Salvador, aún incipientes.
“Por eso acepté integrar este panel a sabiendas de la importancia de la selección del personal de la Sala de lo Constitucional. Nosotros somos un panel internacional independiente en todo el sentido, ni siquiera recibimos un sueldo para lo que hacemos”, acotó.
Aseguró que el trabajo de dicha comisión será “evaluar la información de acuerdo a nuestra propia consciencia y nuestros propios criterios”.
“No podemos exigir independencia de la personas que vamos a evaluar si nosotros no somos independientes”, agregó.
Este panel tendrá como misión elaborar un documento final con una evaluación de los méritos y calificaciones de cada uno de los candidatos finalistas para ser elegidos como magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como “una evaluación final de la transparencia, publicidad y acceso a la información por parte de los órganos competentes”.
Lo que sí dejaron claro es que la comisión ni los organismos de la que forma parte no tendrán “ninguna injerencia ni participación” en las deliberaciones que se hagan por las instituciones nacionales en materia de selección de los aspirantes a la máxima magistratura del país.
De acuerdo con la DPLF, la elección de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional es fundamental en vista de que tiene a su cargo la protección de los derechos y libertades fundamentales.
El Consejo Nacional de la Judicatura deberá presentar a la Asamblea Legislativa un listado con 30 nombres de aspirantes a la Corte Suprema, 15 de los cuales son propuestos por dicha entidad, mientras que otras 15 surgen de una votación de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
Para la elección de estos funcionarios se requiere de 56 votos, es decir mayoría calificada de los legisladores. Quienes nombrarán a dichos funcionarios serán los diputados elegidos en los comicios del próximo 4 de marzo.