Se ha vuelto ya normal (algo que ocurre casi siempre y no de manera excepcional) que no se tomen dentro de los plazos que la ley establece las decisiones legislativas que requieren mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. No hablamos de retrasos de unos pocos días, sino de varias semanas. El retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llega esta semana a la marca de dos meses, tiempo que aún podría prolongarse mucho más.
Este ha sido un proceso monitoreado muy de cerca, desde sus primeras etapas, por las más destacadas organizaciones de ciudadanos y juristas, así como por los medios de prensa de mayor impacto. Los diputados han estado en vitrina, pero eso no importa porque las cúpulas partidarias no tienen el más mínimo pudor. Tampoco importa que se hayan usado al máximo los espacios de opinión para subrayar las consecuencias negativas de seguir sin elegir a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ni la razón ni la indignación han logrado tener impacto alguno en la Asamblea Legislativa.
Tal vez estando aun inconclusa la elección de magistrados, empezará un nuevo forcejeo para elegir al fiscal general de la república antes de fin de año. Si no se hace algo drástico para subsanar las debilidades de estos procesos, ni soñar que esa otra importante decisión colectiva se realice sin retrasos. Es muy probable que lleguemos a la elección presidencial sin fiscal y sin sala de lo constitucional, es decir, en total desamparo frente a irregularidades y abusos de poder.
Mientras tanto, estamos ya presenciando una peligrosa perversión del orden constitucional. Para todo efecto práctico, el presidente de la república es quien está determinando, por consejo de su asesor jurídico y siguiendo línea de su partido, si las leyes o reformas recién aprobadas por la Asamblea Legislativa se apegan o no a los principios y normas consagrados en la Constitución. Esto es muy grave. Es el poder ejecutivo asumiendo de facto importantes funciones de la máxima instancia del poder judicial.
¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué un pequeño grupo de diputados puede socavar impunemente el estado de derecho y poner en grave riesgo la gobernabilidad democrática? Hay que decirlo claro y pelado. Las leyes reflejan aspiraciones colectivas pero también reflejan los niveles de conciencia y competencia política que tiene cada sociedad en un determinado momento. Las leyes salvadoreñas que regulan los procesos a los que me estoy refiriendo son obviamente para funcionarios y sistemas políticos muy superiores al nuestro. Por lo visto, aquí todavía necesitamos mucha más coerción.
En países más avanzados, por ejemplo, la candidata que se ha convertido en manzana de discordia hace tiempo habría retirado su candidatura, por conciencia cívica y también por dignidad, porque no debiera prestarse a ser usada como instrumento para el forcejeo entre fracciones políticas o, como quisieran sus patrocinadores, como quinta columna para malograr las sentencias que no les convienen.
Algunos de los diputados que participan en la búsqueda de consenso para elegir magistrados, están mucho más preocupados por contar con magistrados dóciles para asegurar su propia impunidad, que por seleccionar a los candidatos más honestos, más independientes y más competentes. En estos procesos siempre hay agendas ocultas e inconfesables.
Así son todavía las cosas en nuestro país. Las leyes debieran tener eso en cuenta e incluir medidas efectivas para impedir que estos juegos de interesas sean determinantes y ocasionen todos los retrasos y dificultades que invariablemente se dan en las elecciones de segundo grado que requieren mayoría calificada.
Para la elección en curso de magistrados no hay ya mucho que se pueda hacer, más allá de continuar presionando hasta que los que obstaculizan sientan que tendrán costos políticos, para futuras elecciones, creo que debe propiciarse un amplio debate nacional sobre propuestas concretas para reformar la normativa de los procesos.
A manera de ejemplo, propongo las siguientes normas para la elección de magistrados: (1) Con suficiente antelación, la Asamblea Legislativa enviará al CNJ y a las asociaciones de abogados un baremo para evaluar la idoneidad de los candidatos y presentar oportunamente sus listas, de las que quedarán excluidos quienes hayan sido cuestionados o estén siendo investigados por cualquier tipo de delitos, particularmente los asociados con hechos de corrupción. Los resultados de la evaluación servirán para ordenar las listas con base en méritos.
(2) Si se llega a la fecha tope sin acuerdos, los partidos políticos deberán sustituir automáticamente a sus jefes de fracción. Los nuevos jefes tendrán un plazo máximo de una semana para alcanzar acuerdos y realizar la elección. Si se cumple esa semana de gracia y aun no hubiere acuerdos, se convocará al pleno a sesión extraordinaria de obligatoria asistencia y todos los diputados quedarán enclaustrados bajo custodia de la PNC hasta que haya humo blanco. Tal vez sea necesario reformar también otras leyes. En el caso del enclaustramiento, por ejemplo, habría que excluirlo expresamente de los casos que tipifican la privación de libertad como delito.
Las normas procedimentales que propongo, a manera de ejemplo, u otras que pudieran adoptarse tienen el propósito de garantizar que las elecciones de segundo grado se lleven siempre a cabo con un máximo de una o dos semanas de retraso. Ya basta de estar poniendo en riesgo cíclicamente la institucionalidad del país. Si no se puede por las buenas, tendrá que poderse por las malas.