El mercado de telefonía requiere más, no menos competencia El modelo económico de libre mercado requiere de reglas e instrumentos legales que garanticen que la libertad económica se traduzca en beneficios para los consumidores.
Sin esta garantía, la libertad empresarial se puede convertir en libertinaje y dar paso a abusos. Aquellos sectores que son particularmente susceptibles a prácticas comerciales que pueden dañar a los consumidores y todos los sectores económicos altamente concentrados, es decir, con pocos participantes, demandan mayor vigilancia. Este es el caso del sector de telecomunicaciones en casi todo el mundo y El Salvador no es excepción. Recientemente la empresa América Móvil, propietaria de CTE Telecom, que maneja la marca Claro, intentó adquirir la sociedad Digicel, con lo que se concentraría el mercado de telefonía en menos manos y consecuentemente se reduciría significativamente la competencia. Este tipo de concentración típicamente afecta a los consumidores. La Ley de Competencia estableció la creación de la Superintendencia de Competencia para velar por el funcionamiento del mercado, evitar y combatir las prácticas anti-competitivas y prevenir las concentraciones económicas que puedan tener como resultado la reducción de competencia, encareciendo los servicios o productos para los consumidores. La forma internacionalmente aceptada para determinar el nivel de concentración de mercado es mediante la aplicación del índice HHI, que se calcula sumando la participación de mercado de cada empresa participante, al cuadrado (multiplicada por sí misma). Por ejemplo, si diez empresas tienen cada una un 10% de participación, el índice (número) resultante es 10 x 10 + 10 x 10 + .... = 10 veces 100 = 1,000. Si cuatro empresas tiene el 25% de participación el índice resultante es 25 x 25 + 25 x 25 + ... = 4 veces 625 = 2,500. Cuando el índice HHI es menor a 1,500 se considera que el mercado no es concentrado, no amerita preocupación y no requieren mayor análisis. Pero cuando el índice supera 2,500, el mercado es altamente concentrado, requiere observación por parte de las autoridades y cualquier aumento de más de 75 puntos en el índice, como resultado de incremento en la concentración, implica una alta probabilidad de que se produzcan efectos anti-competitivos tendientes a afectar al consumidor. Según estima la Superintendencia de Competencia en base a la participación de mercado de los operadores de telefonía, este mercado es altamente concentrado con un HHI de 3,010, superior al nivel estipulado como ?altamente concentrado?. En el caso de que América Móvil adquiera Digicel, el mercado se concentraría aun más y el HHI incrementaría 870 puntos a un nivel de 3,880. Este incremento es 10 veces mayor del límite de incremento en el índice que dispara una alerta y refleja una alta probabilidad de que se reduzca la competencia, se disminuya el nivel de servicio, e incrementen los precios a los consumidores. Adicionalmente, este incremento en la concentración incrementaría las probabilidades de que CTE pueda abusar de su posición dominante y de que se den prácticas de colusión en el mercado, es decir, pactos o coordinación entre operadores que afecten a los consumidores. La postura de la Superintendencia de Competencia en contra de la adquisición es contundente y comprensible pues Digicel ha sido un competidor muy dinámico, con prácticas de mercado imprevistas e innovadoras, que ha introducido competencia de maneras no tradicionales y ha dinamizado fuertemente el mercado, en beneficio de los consumidores. La resolución oficial de la Superintendencia ?considera que a consecuencia de la eliminación de este competidor como resultado de la , los niveles de rivalidad... se verían fuertemente reducidos?. A pesar de que los potenciales compradores alegan incrementos de eficiencia como justificación para permitir la fusión, la empresa no documentó ni justificó cómo este incremento de eficiencia se trasladaría en beneficios a los consumidores. La empresa que más se puede beneficiar de la reducción de competencia es CTE por lo que esta es también la que más puede pagar en la compra de Digicel. Similarmente, la prohibición de la fusión podría afectar económicamente a los vendedores de Digicel, pero ellos también son conocedores de la ley y las posibles limitaciones al
intentar fusiones en el sector. Dada la realidad del mercado de telefonía de El Salvador, los ciudadanos usuarios del servicio de telefonía, es decir casi todos, se verían afectados si las autoridades permiten esta fusión. Ojalá que los intereses ciudadanos prevalezcan sobre los intereses empresariales y que la Superintendencia de Competencia se mantenga firme en su posición. Miguel Lacayo