Cada vez que se cumple un año de gobierno, el presidente rinde su informe al tiempo que las casas encuestadoras y la “comentocracia” del país dedican extensos espacios al análisis de su desempeño. La evaluación se hace como cada uno la entiende, o como a cada uno le conviene. Defensores y detractores van a lo suyo. Unos a exaltar las muchas buenas obras del gobierno, otros a proclamar lo mal que está todo y lo mal que se hace todo. No es el día nacional de la ecuanimidad. La crítica, aunque sea injusta o excesiva, es mejor que la apología para la salud de la democracia. Al poder -ya se sabe- es mejor llevarlo corto.
En ese sentido, cuando se trata de evaluar al gobierno, la condescendencia está fuera de lugar. La vara de medir no puede reducirse al reconocimiento de un listado de obras realizadas o de servicios públicos prestados. El gobierno central es una empresa con casi 140,000 empleados y miles de millones de dólares para gastar. Es obvio que algunas cosas hará. Faltaría más. Con esa cantidad de recursos -y con mucho menos, por cierto- se pueden hacer bastantes obras. Pero la esencia, el sentido, la razón de ser del gobierno y, por tanto, la vara con la que debemos medir su desempeño está en otra dimensión. Aquí y en cualquier parte del mundo, la gente quiere ante todo seguridad, libertad y buenos empleos. Lo demás puede ser útil y bien recibido, pero los pueblos juzgarán siempre a sus gobiernos por estas tres condiciones fundamentales.
Cuando la gente opina sobre la situación económica, no está pensando en el índice Dow Jones, en el déficit fiscal o en la tasa LIBOR. Esa es jerga de elites. La gente sabe bien si tiene o no tiene trabajo, se vende o no vende, si están abriendo o cerrando fábricas, si lo que gana alcanza o no alcanza para vivir. Por supuesto, si no tiene ingresos buenos y estables, necesitará y pedirá ayudas, tal vez en forma de “programas sociales”, pero lo que más quiere, lo que realmente sirve a su dignidad y a sus aspiraciones, lo que realmente le da bienestar es tener un buen empleo o una buena empresa propia para andar por la vida sin muletas, con la frente en alto y con el optimismo a flor de piel.
Desde esta perspectiva, la evaluación del desempeño del gobierno es negativa y así lo expresa la gente en las encuestas. La economía está estancada o reduciendo sus factores de crecimiento, los empresarios se quejan de trabas burocráticas, hostilidad en oficinas de gobierno y desincentivos de índole diversa. En materia de seguridad no se ve todavía la luz al final del túnel, y en materia de libertades, las capas medias y las elites viven preocupadas por las frecuentes adhesiones partidarias y oficiales a regímenes autoritarios o dictatoriales. Esta conclusión o balance general se puede sostener sin caer en el fanatismo y la ceguera de los que no pueden reconocer áreas administrativas aceptables o buenas obras en la gestión gubernamental.
En estos días se derramarán ríos de tinta y se subirá al ciberespacio cualquier cantidad de “gigabytes” en elementos de información y de valoración sobre el último año, o sobre los tres años que lleva en la presidencia Salvador Sánchez Cerén. Algunos se referirán con mayor hondura a los ocho años de gobierno del FMLN, y bien merecidos tendrá el partido los palos que le caigan por no haberse distanciado nunca de tan funesto predecesor. Pero además de este necesario y entretenido ejercicio de poner la vista atrás, también será útil pensar en el futuro, en los dos años que restan al gobierno del presidente Sánchez Cerén.
Viendo hacia adelante, son bastante claros los asuntos que el gobierno debe cambiar para mejorar significativamente su gestión. El primero, sin duda, es un fuerte viraje de timón en todo lo que concierne al clima de inversión. A diferencia de su predecesor, el presidente Sánchez Cerén no ha caído en la acritud de las diatribas furibundas y las amenazas cotidianas al sector empresarial, pero muchas decisiones y manejos en su partido y en diversos sectores de su gobierno, algunos del tipo de insufribles trabas burocráticas, otros del tipo ideológico anti empresarial y otros, especialmente los manejos fiscales, directamente obstructivos, han minado de manera severa la confianza de los inversionistas, hasta el punto de dejar al país en los niveles más bajos de inversión en toda la región. Es hora de una apuesta consistente por el círculo virtuoso de confianza-inversión-crecimiento-empleo-bienestar social-sanidad fiscal.
Y hablando de sanidad fiscal, el problema de las finanzas públicas ha estado consumiendo la presidencia de Sánchez Cerén. Según datos del FMI, heredó un pesado aumento de casi 2 % del PIB en remuneraciones, correspondiente al último año de Saca y a los cinco años de Funes. Según la misma fuente, el déficit fiscal aumentó en ese mismo período casi 1 % del PIB, y la deuda pública 8 % del PIB. Habiendo optado por la inercia de la continuidad, el gobierno ya no pudo, o no quiso, o no supo cómo frenar en esa bajada fatal.
Ahora está contra las cuerdas. Ahora tiene que llegar muy pronto a un acuerdo con la oposición para el ajuste fiscal y el financiamiento de corto y mediano plazo de toda la actividad gubernamental. El arreglo está avanzado y no es tan complicado, pero el gobierno tendrá que hacer concesiones en pensiones y tomar un par de cucharadas amargas para comenzar a sanar. Si no lo hace, mejor dicho: si no lo hace ahora, vendrá una crisis desastrosa e inmanejable con altísimos costos para la presidencia, para el partido y para toda la población.
En otro orden, de menor sustantividad pero de considerable conflictividad, el gobierno tendrá que reconsiderar su política exterior y su estrategia de seguridad. Las dos minas le pueden estallar. Cuando terminen los discursos del tercer año de gobierno, estos son los retos que deberá enfrentar.