En una democracia representativa, la Asamblea Legislativa es el órgano del Estado en el que debiera hacerse realidad la mejor expresión posible de la diversidad de ideas e intereses de una sociedad. Es el ámbito en el que se toman algunas de las decisiones más importantes para la vida económica, social y cultural de una sociedad.
En las democracias consolidadas, la discusión sobre la naturaleza del Estado y su forma de gobierno ha sido resuelta. Las sociedades que más han avanzado en el desarrollo económico y social han alcanzado acuerdos fundamentales sobre esos temas, los cuales se expresan de manera inequívoca en su carta magna y se respetan, en letra y espíritu, sin que sea necesaria, más que de manera excepcional, la intervención de la Corte Suprema de Justicia para velar por el apego de todos los actos de gobierno a los preceptos constitucionales.
Cuando los pilares del sistema político no están en discusión, cuando el sistema no tiene que verse sometido al desgaste constante que le ocasionan los que quieren desnaturalizarlo, toda la energía, la creatividad y las ideas se pueden concentrar en hacerlo funcionar de manera óptima, y el debate legislativo se nutre de la diversidad para buscar y encontrar las mejores soluciones posibles a los problemas y necesidades del conglomerado social.
Lamentablemente ese no es el caso de El Salvador. Los últimos dos presidentes del Órgano Legislativo usaron la ventaja numérica que le daba a su partido una turbia alianza con partidos pequeños e incurrieron en
arbitrariedades al pasar leyes y elegir funcionarios. En vez de ejercer un liderazgo responsable y positivo para hacer las cosas bien, hicieron prevalecer sus intereses partidarios sin mucha consideración a las normas constitucionales. Obligaron a la Sala de lo Constitucional a ponerles freno y luego la atacaron agresivamente por no permitirles hacer lo que les diera la gana.
Pero la mala actuación de Sigfrido Reyes y Lorena Peña no se quedó ahí. Degradaron su alta investidura convirtiéndose en vulgares tuiteros que a diario salían a las redes sociales a pelear con cualquier hijo de vecino en un patético intento por justificar la corrupción y el despilfarro. La lista de sus errores es larga y bien conocida. Dieron una buena lección de cómo no se debe conducir el Órgano Legislativo en un país que tiene derecho a sacudirse la etiqueta de república bananera.
Este día un nuevo dirigente asume la presidencia del Órgano Legislativo para el resto del período. Se abre una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Es cierto que el diputado Guillermo Gallegos llega a la presidencia en virtud de un pacto hecho hace varios meses para negarle la presidencia al partido que había obtenido mayor número de diputados. Es también cierto que el partido del diputado Gallegos tuvo un origen bastante controversial y muy probablemente se nutrió de la corrupción en la presidencia de Mauricio Funes. Pero nada de eso es razón suficiente para negarle a Guillermo Gallegos la oportunidad de ser un buen presidente del órgano legislativo.
No conozco personalmente a Gallegos, pero creo que algunas de las críticas más ácidas que ha recibido en el pasado provienen del resentimiento de ARENA por la escisión en la que el diputado jugó un rol protagónico. Otras responden al apoyo casi incondicional que GANA ha dado al FMLN a cambio de favores bastante objetables.
De cualquier forma, en la política nada es estático. Desde hace varios meses, las intervenciones del diputado Gallegos han sido bastante razonables. Aunque a muchos les pese reconocerlo, se ha comportado con más ecuanimidad que casi todos los altos dirigentes y voceros de ARENA y el FMLN. A ratos hasta he llegado a pensar que realmente quiere ser un buen presidente y se ha estado preparando para lograrlo.
Las instituciones tienen su inercia y no es fácil modificar sus tendencias, pero un buen liderazgo puede contribuir efectivamente a ponerlas en una dinámica diferente. Ese ha sido el caso de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y ahora también la Fiscalía General de la República. Yo esperaría que el diputado Gallegos quiera y pueda caminar en esa misma dirección.
Espero que el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa tenga muy claro que la delegación de poder y responsabilidad que los ciudadanos hacemos a nuestros legisladores y gobernantes no debe tomarse como un cheque en blanco. Las leyes, la elección de funcionarios, el presupuesto general de la nación y todas las demás atribuciones que la Constitución le otorga al Órgano Legislativo deben reflejar, en la medida de lo posible, la voluntad y los intereses de los diversos sectores de la sociedad, con predominancia de las mayorías pero sin desprecio o menoscabo de las minorías.
El Órgano Legislativo se distancia cada vez más de esa aspiración en la medida en que los partidos políticos tienen ideas preconcebidas y rígidas sobre lo que los ciudadanos pensamos, hasta el extremo de creer que la correlación de fuerzas entre los partidos en la legislatura es, en todo y para todo, un fiel reflejo del peso relativo de los diversos sectores en la sociedad.
Cuando se tiene esa mentalidad viciada y esencialmente antidemocrática, los partidos y los políticos no intentan siquiera conectar con la gente, su único empeño es conseguir, de cualquier forma, la cantidad de votos necesarios para imponer su voluntad a toda la sociedad. De esa manera, el espíritu y la lógica de la democracia representativa se van atrofiando cada vez más.
Uno de los principales retos del nuevo liderazgo es empezar a cambiar esa manera de hacer política.
Pero hay otro desafío igualmente importante que no sería necesario mencionar si antes no se hubiera ignorado tan descaradamente: cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes de la república. "Si así lo hiciereis, que la Patria os premie; si no, que ella os lo demande".