E
n la vida real, las opciones son siempre más limitadas que en el mundo de los deseos. La historia se va haciendo sobre la base de lo posible. Es esa determinación, por terrible que pueda ser o parecer, la que sirve para juzgar los acontecimientos históricos.
Diez, quince o veinticinco años después de promulgada la ley de amnistía, ésta puede parecer inconveniente. Sin embargo, cuando se promulgó era una condición necesaria
para el cumplimiento de los acuerdos que pusieron fin a la guerra fratricida en El Salvador. Ninguno de los contingentes armados se habría ido tranquilo a su casa sin esa odiosa garantía. Eso es lo que ocurre siempre que una sociedad decide que no quiere seguir destruyéndose por tiempo indefinido, en espera a que una de las partes logre éxito en su intento de aniquilar a la otra. Borrón y nueva cuenta. Ese es el precio que hay que pagar para darle una oportunidad real a la paz.
En ese camino no hay laureles, ni siquiera florecillas que lo adornen un poquito. No hay justicia para las víctimas del pasado, solo para las que indudablemente habrían seguido acumulándose si la guerra hubiese continuado.
Y no es válido enturbiar esa apreciación con el argumento de que sigue habiendo violencia en El Salvador. Aún si aceptamos que, en una importante medida, la violencia de hoy tiene sus raíces en la de ayer, la conclusión obligada es entonces que habría hoy mucha más violencia si la situación que la originó se hubiese prolongado mucho más, como sin duda habría ocurrido sin una ley de amnistía.
Más allá de sus fundamentos filosóficos en la concepción del Estado y de la historia, no soy especialista en intrincados temas jurídicos. Aunque tengo mi opinión al respecto, no quiero hacer aquí una crítica jurídica a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Como alguien ya ha señalado, esa decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia abre una caja de Pandora, pero le encuentro un lado positivo. Después de muchos y muy desagradables alborotos, la referida sentencia derribará el mito de que la ley de amnistía impidió que se hiciera justicia y, en la medida que lo hizo, es la causa de que todavía hoy no se haga justicia en los miles de crímenes que atormentan a la sociedad salvadoreña.
Habrá sobresaltos, enfrentamientos verbales enconados, acusaciones con renovado resentimiento. Se debatirá hasta la saciedad por qué unos muertos son más importantes que otros, por qué unas atrocidades deben someterse a procesos judiciales mientras que otras tendrán que ser, una vez más, desatendidas. Una buena parte de la energía social, constructiva o destructiva, se empeñará en el manejo de las consecuencias que acarrea la derogatoria de la Ley de Amnistía. Pero al final, muy pocos, si es que alguno, de los procesos judiciales que se emprendan culminará con éxito o contribuirá a la reconciliación.
La Ley de Amnistía ha sido un impedimento formal para intentar que se esclarezca la verdad y se haga justicia. Pero tampoco había sido posible esclarecer verdades o hacer justicia sobre los crímenes que se cometieron durante las dos décadas previas a la promulgación de la ley. Y mucho me temo que así seguirán las cosas. Nuestro sistema de justicia penal no logra resolver los crímenes de la semana pasada ni los del mes pasado, ni los del año pasado; ninguno de los cuales está amparado por una ley favorable a la impunidad.
La condena judicial por esos crímenes tan horrendos y que tanto dolor nos causaron a todos en los años de locura, no podrá sustentarse en pruebas científicas; necesita de testimonios cuya verdad y validez puedan prevalecer en las cortes; testimonios incriminatorios de los mismos hechores, o de sus jefes y subalternos. Lamentablemente, sobran razones para pensar que eso no ocurrirá.
Sin el impedimento que planteaba o el que se le atribuía a la Ley de Amnistía, quedará claro que las posibilidades reales de hacer justicia pasan por otras coordenadas. Una vez derribado el mito, tendremos que empezar a poner más atención a los problemas reales, a los problemas de hoy, a todo lo que está y siempre ha estado mal en nuestro sistema de justicia penal. Ojalá que en el camino hasta llegar a ese entendimiento no nos destrocemos más de lo que ya estamos destrozados como sociedad.