E
s muy probable que el Gobierno presente el día de hoy a la Asamblea Legislativa la así llamada Reforma de Pensiones, que en realidad es una ley para financiar al Gobierno por lo que queda de esta administración a través de confiscar los ahorros de los futuros pensionados. El hecho que el Gobierno todavía siga pensando en que este jueves, o cualquier otro jueves, va a presentar ese proyecto de ley demuestra lo poco que le importa al Gobierno el tener un diálogo realmente transparente con los ciudadanos. Si al Gobierno le importara el diálogo honesto, habría desde el principio declarado que lo que lo mueve es el deseo de apoderarse de más de ocho mil millones de dólares que los futuros pensionados han ahorrado para su retiro, y que aunque en la ley se contemplan ciertas reformas del sistema de pensiones, además de la confiscación, estas reformas están orientadas a dejar desprotegidos a los futuros pensionados, y a reducirles su pensión.
Habría dicho también que las cuentas individuales, que le dan propiedad a la gente sobre los fondos que se usarán para sus pensiones, y que les permiten saber cuánto dinero tienen ahorrado en el sistema y cuánta rentabilidad han tenido, van a desaparecer en la mitad de los ahorros que serán confiscados, y que probablemente del resto también, ya que el Ministerio de Hacienda ha dicho que en un par de años el Gobierno confiscaría el resto de los ahorros y de las contribuciones mensuales. Habría dicho, pues, que los ahorrantes del sistema de pensiones serían despojados de la mitad o más de sus ahorros, y luego de lo que les quedaría, y que esto el Gobierno lo desperdiciaría de la misma forma en la que ha desperdiciado y sigue desperdiciando los recursos del estado.
En vez de decir estas verdades, el Gobierno ha lanzado una campaña de publicidad negra en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Viendo que éstas son el blanco de los ataques del Gobierno, la gente tiende a pensar que es a ellas a las que el Gobierno quiere confiscar, en algo similar a la fracasada nacionalización de la banca de los años ochentas. En la nacionalización de la banca todos los depositantes mantuvieron sus cuentas, a nadie le quitaron sus depósitos. Lo que cambió de propiedad fueron los bancos. El fracaso fue por otras razones que no son del caso discutir.
En este caso, los confiscados serían los ahorrantes mismos. Las AFP permanecerían privadas, con sus mismos dueños. Es como si en los ochentas hubieran dejado a los bancos privados pero le hubieran confiscado los recursos que todos los usuarios del sistema bancario tenían depositados en el sistema. Es como si los bancos hubieran amanecido un día sin ningún recurso, y en vez de dinero y otros activos hubieran tenido una vaga promesa de que el Gobierno pagaría parte del dinero confiscado en algún momento en el futuro, aclarando, como la Ley de Reforma de Pensiones dice, que se pagará si es que Hacienda tiene el dinero para hacerlo.
Esto es lo que el Gobierno está haciendo. Los confiscados no son dos AFP, sino los más de un millón de cotizantes a los fondos de pensiones. Por supuesto, la Constitución prohibe la confiscación independientemente del número de confiscados. Pero el número hace una enorme diferencia política. Si los diputados aprueban que la confiscación se lleve a cabo, no se estarían echando encima el odio de unos cuantos cientos de accionistas de las AFP, sino el de más de un millón de personas que serían despojadas de sus ahorros actuales y de la posibilidad de tener a su nombre sus ahorros futuros.
En esto, el Gobierno no ha sido honesto con los diputados, y mucho menos en decirles que la confiscación es inconstitucional, y que si votan por ella, de acuerdo a la Constitución (no a una ley que ellos mismos pudieran derogar) "responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles".
En este momento el Gobierno no está siendo honesto tampoco en revelar que en el foro que se realizó esta semana para supuestamente discutir el proyecto no pudo responder a los señalamientos que sindicatos, empresarios y profesionales le hicieron de la inconstitucionalidad de la medida y de las responsabilidades patrimoniales que votar por la ley crearía para los diputados que la aprueben. El ignorar estos señalamientos en realidad es suicida para todos los funcionarios, incluyendo diputados, que participen en la emisión de la ley. Si lo hacen, van a pagar muy caro la falta de diálogo verdadero.
En el fondo, lo que pasa es que el Gobierno está tan cegado por la codicia que le despiertan las enormes cantidades que tienen ahorrados los cotizantes que se está engañando a sí mismo, sin darse cuenta de la gran deuda que están adquiriendo, no sólo para el Gobierno sino para ellos mismos. Siendo tantos los despojados, y tan grande la cantidad despojada, es imposible que nadie los persiga. Firmar esta ley es firmar la propia insolvencia.