Quieren elegir magistrados a la medida

En el fondo, no quieren controles sobre ellos para poder hacer lo que les venga en gana, como respaldar sin mayor problema la brutal represión de Ortega en Nicaragua o incluso hacer lo mismo en esta tierra para no tener ninguna crítica u oposición.

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15 August 2018

El oficialismo y sus aliados se han puesto de acuerdo para imponer sus fichas, a como dé lugar, en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Mientras no acepten nuestras condiciones, no habrá Sala de lo Constitucional”.

¿Cuáles son esas condiciones? Muy simple, que se elijan como magistrados a incondicionales, a personas que no les pueden decir “no”, como sí lo hicieron valientemente Los Cuatro Magníficos en estos nueve años y frenaron toda clase de desmanes y atropellos contra la ley y la población.

La Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional han sido clave también en estos años para impulsar la lucha contra la corrupción, algo que ha perdido fuerza en los últimos meses, sobre todo desde que algunos funcionarios del máximo tribunal decidieron lanzarse como candidatos a magistrados y no querían quedar mal ni con Dios ni con el diablo.

Casi desde los albores de la Historia, a menos que se tratara de brutales dictaduras, los estados han contado con pesos y contrapesos que impedían el ejercicio sin cortapisas de reyes y presidentes. Las monarquías del pasado estaban bajo el ojo vigilante de la Iglesia y de los nobles y esto daba a los pobladores una medida de protección, instancias a las cuales recurrir si sus escasos derechos eran violados.

Esos pesos y contrapesos son inexistentes en las dictaduras totalitarias y corruptas, donde los déspotas son juez y parte al mismo tiempo sin que haya mayor espacio para apelar lo que son resoluciones del presidium, como bajo Stalin, al que tuvieron que asesinar para librarse de él.

Lo que las fuerzas vivas del país, grupos como el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y demás gremiales piden es perfectamente natural: quieren magistrados independientes, magistrados que no fallen de acuerdo con sus intereses personales o de influencias malvadas, magistrados competentes y con carácter.

Lo que pretenden los coaligados es que si, en un futuro, un grupo social, una familia, una sociedad entra en conflicto con individuos o grupos vinculados a ellos, que indistintamente de los méritos o hechos que se cuestionan, se falle contra unos y a favor de otros por intereses, por presiones.

Es como si en un torneo de fútbol entre el barrio El Porvenir y el barrio Progreso en una población, los primeros insistan en que los árbitros sean nombrados por ellos, árbitros con vínculos familiares o económicos o de la naturaleza que sea y sancionen unas faltas mientras ignoren otras.

O si se examina a aspirantes a una plaza burocrática, que el examinador le “sople” las respuestas a uno de ellos...

No soportan los controles

jurídicos ni la opinión pública

Lo que han querido desde siempre los oficialistas y sus aliados es nombrar jueces que, de darse las circunstancias, los favorezcan, se pongan de su parte. Lo inmoral de la postura retrata a las partes de cuerpo entero. En el fondo, no quieren controles sobre ellos para poder hacer lo que les venga en gana, como respaldar sin mayor problema la brutal represión de Ortega en Nicaragua o incluso hacer lo mismo en esta tierra para no tener ninguna crítica y oposición.

El respaldo a Ortega es una clara señal de lo que los socialistas del Siglo XXI harían de lograr el poder total en El Salvador: si la población los opone, pues ellos procederían de la misma forma, masacrando hasta que la gente entienda, como en su momento mataban a palos a los pobres jóvenes que reclutaban pero que no terminaban de ser “burgueses”, como la infortunada sicóloga de la UCA, igualmente asesinada por orden del comandante Mayo Sibrián, un crimen de guerra abominable al que nunca se refieren los efemelenistas.