Juez quiere traer a Funes a responder por lavado

La recolección de firmas para presionar a jueces es una especie de “oferta que el juez no puede rehusar”, como decía don Corleone, el capo mafioso en la película “El Padrino”: intentan poner contra la pared a un juez para que caiga en prevaricato y se desprestigie.

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03 July 2018

La orden internacional de captura para Funes, su compañera de vida, dos hijos de él y 11 procesados más, decretó el Juez Quinto de Paz por varios delitos, entre ellos la sustracción de 351 millones de dólares de las arcas del Estado y lavado de dinero.

El juzgador ya requirió la intervención de la Policía Internacional (Interpol) y otras autoridades extranjeras con ese propósito, a lo que se sumarán las gestiones de la Corte para el siguiente paso que es la extradición, lo que se espera que no encuentre obstáculos en Relaciones Exteriores.

Una de las banderas que enarbolaba la guerrilla para desatar la guerra en El Salvador, la cual costó la vida a más de setenta mil personas, jóvenes en su mayoría, era “combatir la impunidad”, lo que ahora se les ha olvidado en lo que a innumerables de sus militantes toca y particularmente en este caso.

En lugar de distanciarse del grupo acusado y repudiar sus prácticas, funcionarios y miembros del partido oficial hacen hasta lo imposible para que nadie hable del escándalo de Funes y usan la ley del agua como distractor. Han llegado al extremo de recoger firmas para presionar por que el juez retire la orden de detención contra la ex primera dama Pignato, también procesada en el mismo caso.

El juez ya ha dicho que dejarla en libertad representa un inminente peligro de fuga, no a Nicaragua como su exesposo, sino a Brasil, desde donde no se le podría extraditar posteriormente. Ella ha dicho que Funes le pagaba todo, regalitos que la pasaron milagrosamente de la noche a la mañana a residir en un palacete y a una muchisisisisisísima mejor vida que la que tenía en Brasil como militante del partido del convicto Lula.

El “robo”, como lo calificó el Fiscal, de los trescientos cincuenta y un millones de dólares, de lo que se conoce al momento, fue una operación de lavado a gran escala según ha explicado el Ministerio Público, pues se movían de partidas presupuestarias a otras entidades y de allí manos del grupo de Funes. El delito es similar al cometido por Martinelli en Panamá, que ahora está, como Pignato, en una clínica para no ir a la cárcel.

Pero el lavado deja de ser un delito local para convertirse en un grave delito a nivel internacional. La orden de extradición de Funes y los demás tiene todavía que autorizarse en la Corte Suprema, donde un grupo de magistrados ha mostrado desde un inicio resistencia a proceder contra Funes y otros ligados al efemelenismo, lo cual solo abona el más sagrado de los principios revolucionarios: “lo robado, robado queda”.

En vista de lo anterior, el exdiputado presidente puede por ahora quedarse con sus ahorritos (el hombre ni comía para ahorrar, según alega).

Cada vez es mayor el descaro de los ligados a la corrupción y la impunidad

La recolección de firmas para presionar a jueces es una especie de “oferta que el juez no puede rehusar”, como decía don Corleone, el capo mafioso en la película “El Padrino”: intentan poner contra la pared a un juez para que caiga en prevaricato y se desprestigie. Y es que conociendo el pedigree de los que presionan, cualquiera se asusta.

Lo que está sucediendo debe hacer que suenen todas las alertas en la Asamblea Legislativa: no depurar al milímetro la lista de candidatos a magistrados y Fiscal General es dejar al país en manos de prevaricadores, de gente que antepone sus intereses y los de sus secuaces a la recta administración de justicia, en grave perjuicio de todos los salvadoreños.

El juez que lleva el caso debe rehusar la entrega de firmas a favor de la acusada o encausar a esos desvergonzados como individuos que llegan a interferir en un juicio público donde los indiciados tienen todas las garantías que la ley otorga a cualquier procesado.

En las últimas semanas el oficialismo ha intensificado presiones y amenazas a sectores y jueces, como cuando una turba de supuestos universitarios atacó la Asamblea Legislativa, rompió ventanas y puertas, pero no logró entrar en el recinto gracias a la intervención de los custodios. Y aunque no han montado un griterío ni una agresión al tribunal, nada puede descartarse.