Hasta hace doscientos años en la mayoría de ciudades del mundo las cloacas eran zanjas abiertas a media calle, donde la gente tiraba las aguas sucias desde lo alto apenas gritando “¡agua va!” para alertar a los transeúntes.
Los del Viceministerio de Transportes deciden una medida y sin decir “¡agua va!” amenazan con prohibir las operaciones de los taxis de Uber y decomisar los vehículos, con el peligro de que sean desmantelados en los predios policiales, como ha ocurrido ya con otros autos y es la experiencia con los objetos de valor de la residencia de Saca, de los que nadie da cuenta.
Toda ley debe ser aprobada, sancionada por el Ejecutivo y publicada antes de entrar en vigor. Eso da tiempo para que los afectados y el público puedan prepararse o inclusive impugnarla. Pero el viceministerio deja ir la huacalada de porquería de la noche a la mañana contra quienes no infringen ninguna ley ni cometen ningún delito sino simplemente son una competencia al muñeco armado por personeros ligados al oficialismo.
Como lo han expuesto experimentados abogados en las páginas de El Diario de Hoy, Uber no es ilegal, sino que es nuestra legislación la que se ha quedado desfasada y no contempla esta modalidad de transporte. Por tanto, los funcionarios no pueden prohibir lo que la ley no les faculta para hacerlo.
Lo que queda claro a los salvadoreños es que más bien se está buscando favorecer a ese transporte en manos de un montaje de los del partido oficial. Pero si ese es legal, Uber también lo es, aplicando el principio de la igualdad ante la ley de personas, negocios, grupos y productores en este país. “O todos en el suelo o todos en la cama”.
Ningún funcionario puede favorecer a unos y al mismo tiempo agredir a otros, pues cae en una forma de prevaricato, de abuso de poder, de corrupción. Es por lo mismo que las contrataciones públicas deben hacerse transparentemente, no asignando de dedo como con tanta frecuencia se llevan a cabo.
Si el público prefiere Uber es por su sistema de operación, que garantiza al usuario que en todo momento el soporte internacional de la compañía sabe quién llamó al conductor, dónde lo recogió, dónde finalizó el viaje y cuál fue el precio. Si hay un reclamo, Uber de inmediato responde, además de colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier delito perpetrado por alguien que conduce bajo supervisión de la compañía.
Como no pueden competir con Uber, mejor buscan eliminarlo
Como hemos dicho, no se puede esperar que aliados del grupo en el poder puedan montar un negocio con tales controles, pues ni tan siquiera los llevan en Capres, menos en un ente sin experiencia. Sólo hay que tomar en cuenta los antecedentes de personal estatal que ha protagonizado percances, pero luego asumen demencia y tratan de cubrirse con el manto de la impunidad.
Uber da empleo a miles de personas, pero lo más importante es que ofrece un servicio que garantiza la seguridad de quienes lo usan, importante cuando se trata de adolescentes, mujeres y personas mayores.
Que el servicio funciona, que responde a una demanda del mercado, lo comprueba que ha arraigado, que la gente está muy contenta con Uber aquí y en todas partes.
El caso de Uber es un incidente más en la serie de golpes a la seguridad jurídica, al proceso de anarquización o africanización de El Salvador.