La amenaza contra Uber, un excelente servicio que protege a los usuarios y a los conductores, es la usual maniobra del grupo en el poder para imponer su propio servicio, sin competencia, como en su momento Sitramss, Veca, Tu Solidaria, Alba-alimentos, Alba-gas, negocios fracasados que costaron mucho dinero.
En una foto publicada en este periódico aparecen los que encabezan la que pretende sustituir a Uber, todos del partido oficial pero ninguno con credenciales para manejar con éxito un negocio.
Ya se publicita la aplicación de estos últimos, pero antes de morder el anzuelo los potenciales usuarios deben pensar en la enorme diferencia de Uber con el negocio que quieren imponer los del oficialismo.
Lo primero es que, según es la experiencia en muchos países, Uber se controla desde la nube, un servicio imparcial que controla la identidad de quién presta el servicio, quién es el pasajero, dónde se recoge el pasajero, cuál es la ruta que toman, dónde termina y cuál es el costo.
Al llevar tal control, Uber responde si se dan anomalías, si los usuarios olvidan algo en el vehículo y además informa de inmediato a las autoridades en el remoto caso que un conductor atente contra un pasajero.
Uber es una opción honorable y válida de prestar un servicio, una fuente de empleo para los que por una u otra razón pierden su trabajo pero tienen que sostener a sus familias.
Uber paga impuestos, pues el conductor recibe un ingreso y en la mayoría de los casos paga impuestos. No hay dinero que pueda sustraerse, fuera de alguna ocasional gratificación.
¿Quién confiará en los choferes
del oficialismo tras los casos de Capres?
Muy distinto es el otro caso, pues nadie da garantías de seguridad y menos se puede confiar tomando en cuenta los casos de impunidad en que se han visto involucrados empleados y otras personas ligadas al aparato gubernamental por percances viales y otros hechos: nadie se hace cargo de identificar al hechor ni menos encausarlo, a diferencia de lo que es la respuesta inmediata de Uber que colabora con las autoridades para perseguir al culpable.
El Viceministerio de Transporte justifica que Uber viola las leyes de tránsito, pero nada hace con las decenas de miles de vehículos piratas (taxis, microbuses, camiones en las carreteras que llevan gente).
No les interesa decomisar un pick-up destartalado o un camión con muchos años de uso, sino los vehículos en buen estado y casi nuevos.
Los de Alba, que arrastran tras si un historial de fracasos y además está medularmente vinculado a la dictadura venezolana —son uña y carne con ellos —han pretendido que las ganancias sean de ellos, pero las pérdidas las tenga que pagar el país, todos los salvadoreños de trabajo. Y ese será el caso de esta nueva pensada.
El viceministerio no cesa en sus nefastas maniobras, desde el monopolio de Sitramss que tomó en su beneficio una vía pública, hasta haber destrozado calles y avenidas de tantas zonas de San Salvador, lo que se coronó con la gran cárcava del Tutunichapa.