No fue “política de Estado” lo que llevó a tratar con pandillas, ni siquiera política de gobierno, sino una decisión del régimen de Funes, que abiertamente justificaba y se declaraba “facilitador” de la “tregua” de esos grupos tanto dentro como fuera del país.
Con ese ropaje se ha intentado darle legitimidad a ese “proceso”, sin tomar en cuenta que las políticas de Estado son planes o programas de consenso político y social, de amplia consulta y aprobación y nunca tramas que se preparan bajo las sombras.
Ni el Estado ni ningún gobierno están facultados para llegar a acuerdos con grupos criminales que persisten en sus fechorías. Sólo hay que recordar que se hacía creer a la población que la tregua propiciaba la disminución de los homicidios, cuando en la realidad seguían matando a decenas de salvadoreños a diario y enterraban sus cuerpos secretamente. Si no, miren cómo periódicamente aparecen cementerios clandestinos por todas partes.
Además, Estado no debe confundirse con gobierno de turno ni menos con un régimen, pues aun con toda la serie de virtudes y defectos con que los constituyentes aprobaron la Carta Magna de 1983, eso prevalece sobre los vaivenes políticos que definen la marcha de un país.
Más bien, el gobierno no es capaz de cumplir con los derechos consagrados en la Constitución, como el de la salud. Que lo digan, entre otros, los que padecen dolencias renales o los pacientes de cáncer, que pese a sus derechos no logran que “el Estado” les suministre medicamentos.
La esencia de nuestra legislación
coincide con lo que es válido desde siglos
Mal que bien y pese a su carga de dislates, el Orden Jurídico del Estado salvadoreño encaja con el del Primer Mundo, el de las democracias, pues pueden realizarse acuerdos, los fallos que una corte en Estados Unidos o España emite tienen validez en nuestro suelo, se admite la entrega de delincuentes reclamados por la Interpol aunque no siempre se lleva a cabo, las patentes y derechos intelectuales se respetan en gran medida.
Es precisamente ese espinazo de principios y normas el que quiere romper la extrema izquierda oficialista con su pretensión de realizar permanentes “acuerdos de paz” y su ataque verbal y callejero a la Sala de lo Constitucional, a sus fallos y su independencia.
Y es lo que los salvadoreños que trabajan, acatan las leyes y tratan de convivir en paz con el resto de la población, deben defender siempre, pues es defender los derechos inviolables de todos, de las minorías, de los que oponen, critican, señalan y respaldan o rechazan.
Encontramos gran coincidencia entre lo esencial de nuestras leyes y lo que priva en el mundo civilizado, pero asimismo con lo que era derecho en Roma, en Babilonia, bajo Justiniano... y pese a las violaciones y las crueldades de esos tiempos.
Aquí los Padres Fundadores de la Patria no se inventaron leyes, sino que adaptaron lo que las grandes corrientes liberales de principios del siglo XVIII pregonaban, con las realidades del mundo de Centro-América de entonces. Esos principios deben prevalecer ante los intereses autocráticos de los gobernantes de turno.