Un día después que la Corporación Reto del Milenio (MCC) reprobara a El Salvador por su bajo desempeño en la lucha contra la corrupción, un tribunal ordenó cerrar al público el juicio que le sigue a Funes y su grupo por el saqueo de 351 millones de dólares en el primer gobierno del FMLN.
La decisión constituye un golpe a la transparencia que el público y los países donantes y organismos internacionales le exigen al país, así como el legítimo interés de propios y extraños de conocer las incidencias de ese escandaloso caso.
Los salvadoreños han conocido mucho de la corrupción en el régimen de Funes, quien se llenaba la boca hablando de los pobres, pero llevaba un estilo de vida de multimillonario mientras empleados de la casa de gobierno retiraban de un banco estatal millones de dólares en bolsas negras. Eso justamente es parte de lo que dice el proceso que ahora se cierra al conocimiento de la gente y que se difundió ampliamente en su momento.
Por eso es inexplicable la decisión judicial si tanto se habla de hacer justicia, ser transparentes y sentar precedentes contra los corruptos y demagogos.
Con el expresidente Flores se hizo todo lo contrario: lo exhibieron y humillaron hasta aniquilarlo moral y físicamente, de seguro por haberle enrostrado a Fidel Castro su papel en la matanza de salvadoreños en los años 80.
Los jefes de policía se esmeraban en abrir los vidrios de los carros patrulla para retratarse con él y que la gente viera al exmandatario paseado por toda la capital.
¿Qué ganaron por proteger a Funes?
A Funes, en cambio, los efemelenistas le aconsejan escapar, le gestionaron asilo en Nicaragua pese a que la legislación internacional no lo avala para estos casos, en tanto que a su grupo también le dan tiempo para poner sus pies en polvorosa.
Al mismo tiempo se hace toda una suerte de movimientos y la Interpol termina rehusando incluirlo entre los más buscados.
No cuesta enumerar algunos de los más descarados abusos de Funes y su grupo, expuestos precisamente en el proceso, desde las grandes mansiones “que alquilaban” pero que se pusieron a nombre de otros, hasta los viajes de los familiares de la ex esposa de Funes, Vanda Pignato, costeados por dinero públicos, según denunció la Fiscalía en su momento.
Funes y su esposa iban continuamente a Miami y a otros destinos donde se daban la gran vida, además de contratar a la hermana de aquella para que cuidara al hijo de ambos, pagándole diez mil dólares mensuales, según denunció la Fiscalía al presentar el caso.
Por eso es que hubo toda una serie de maniobras para ocultar la información de viajes y gastos, incluso a la Sala de lo Constitucional.
Esos son los hechos que la Fiscalía reveló y están expuestos en el juicio que ahora se ha ordenado cerrar pese a que el saqueo fue perpetrado a fondos públicos, a servicios de salud, a presupuestos de educación, a obras en calles y carreteras.