Según un diputado sandinista, Ortega no entregará a Funes “a un futuro gobierno de El Salvador”, confundiendo lo que es un reclamo judicial con lo que sucede bajo las dictaduras, donde cómo se juzga, a quiénes se juzga y en qué manera se persigue y encarcela y hasta asesina a indefensas personas, lo define el déspota.
Funes tiene varios procesos abiertos, el más importante quizá, el del saqueo de 351 millones de dólares de las arcas del Estado salvadoreño, pese a lo cual Ortega le dio el asilo político aun cuando los respectivos tratados lo permiten solo en casos de persecución política y no de delitos comunes y corrupción.
La última de las investigaciones que le ha abierto el Ministerio Público es por la denunciada compra de diputados durante su gestión (2009-2014), según confirmó el Fiscal General, Raúl Melara.
Se ha denunciado que con Ortega, Nicaragua se ha convertido en un refugio de individuos con cuentas pendientes con la ley, desde Funes y muchos de sus secuaces, hasta otros pájaros de cuenta que han volado hasta allí. Y mientras ralea de la peor especie está buscando refugio en ese país, nicaragüenses de bien han tenido que huir.
El caso ilustra la diferencia entre democracias bajo la ley y autocracias y dictaduras que desconocen y pisotean las leyes, incluso las internacionales. Pero esto no escapa al ojo de la opinión pública.
Los efemelenistas reconocieron esta semana que haber protegido a Funes y haberle aconsejado huir a Nicaragua les costó una aplastante derrota en las recientes elecciones presidenciales. Eso deberían reflexionarlo los sandinistas, pues a futuro les podría costar caro.
Cada centavo robado ha llevado a que pacientes en el Rosales tengan que dormir en el suelo, que no haya vacunas en el Bloom, de la ineficiente lucha contra las bandas criminales, de la decreciente competitividad de nuestros productores en los mercados externos.
Tratados no conceden el
asilo a acusados de delitos
comunes y corrupción
Si los tratados establecen que no se le puede conceder el asilo político a un acusado de delitos comunes —peor si es por corrupción—, a futuro proteger a Funes le puede pasar una alta factura a Ortega, sobre quien ya la comunidad internacional tiene puestos sus ojos por las masacres perpetradas desde abril del año anterior contra opositores y que han dejado más de 500 muertos, según organismos humanitarios.
Entorpecer o impedir que individuos requeridos por la ley sean procesados, manipular o destruir evidencias en su contra, defender a criminales indefendibles, echar tierra sobre casos judicializados, es lo que socava las instituciones, pero todavía peor, es una de las causas del cinismo, la pérdida de principios y el descaro de tantos en estas tierras centroamericanas.
Proteger delincuentes, además, es una injusticia contra la sociedad, una amenaza a la gente honrada, que queda en parte sin protección ante los abusos de sinvergüenzas.
Al impedir que se procese a un individuo se alienta a otros para robar impunemente, generando un saqueo despiadado, saqueo que como ya señalamos, empeora la situación de las familias de menores ingresos, de los que con creciente dificultad llevan el pan a sus hogares.