El nuevo asunto de relevante interés nacional es ahora la elección o reelección del Fiscal General. Para el 6 de enero de 2019 debería haber tomado posesión de su cargo. El poder que ejerce este funcionario no es poca cosa. En carácter individual y funcional, por sus efectos, se podría decir que puede ejercer tanto o más poder que el propio Presidente.
Nadie quiere en términos prácticos encontrarse —con razón o sin ella— en la mira de la Fiscalía. Dormir tranquilo en este país pasa en buena medida por no tener asuntos pendientes con dicha institución. Tal temor tiene además probadas razones, en las que el uso o el abuso de dicho poder ha acabado con varias reputaciones.
Para que la gente lo tenga más claro, al Fiscal General, por mandato constitucional —entre los principales— le corresponde: defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación del delito en colaboración con la Policía; promover la acción penal; defender los intereses del fisco y representar al Estado en toda clase de juicios; controlar la legalidad del proceso electoral; promover los juicios civiles por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; participar en los juicios de cuentas; en los procesos contenciosos administrativos, y en procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos. Sin olvidar, la posibilidad de promover el antejuicio contra diputados, magistrados, jueces, y si se descuida, hasta contra el propio Presidente.
Como señaló Platón hace más de 25 siglos, “la peor forma de injusticia es la justicia simulada”, y por mucho de ello, por los abrumadores indicios existentes se acusa ahora al anterior Fiscal General. ¿Y los fiscales anteriores a éste? Poco o nada relevante dejaron tras su gestión, ya que sin duda actuaron siempre solapando al poder que los nombró, por lo que sin pecar de favoritismo, pero en honor de los hechos —pese a muchas fallas y carencias— la reelección del Fiscal actual, quien se ha quejado de presiones y múltiples intimidaciones, no deja de ser una opción a considerar, siempre que se le den los recursos, modere el ámbito mediático y se ponga a trabajar. Charles Dickens escribió: “No juzgue nada por su aspecto, sino por las evidencias”.
Para ser electo Fiscal General de la República, la Constitución exige, además de los requisitos mínimos de edad, nacionalidad y de ejercicio profesional, los consabidos requisitos de moralidad y competencia notorias, que tanta crítica y molestia para su medición, generaron en los honorables diputados, para la pasada elección de magistrados.
Bien por la subcomisión legislativa, que abre nuevamente al escrutinio público el proceso de entrevistas, cuestionando a muchos de los aspirantes con preguntas incisivas, y permitiendo interrogantes remitidas por organizaciones civiles. Deben cuanto antes emitir su informe final a la comisión política, donde habrá que esperar cuánto en verdad van a deliberar, o simplemente, se encerraran de nuevo a negociar.
Los diputados han ofrecido elegir al Fiscal en la última plenaria del 20 de diciembre, antes de irse a vacacionar por las fiestas de Navidad. Pero persisten en el error, al no contar aún con un método claro y objetivo de evaluación, que les permita medir los resultados del examen comparativo entre todos los aspirantes. No es al cálculo o a ojo de buen cubero, por corazonadas, ni por puras conveniencias…
No basta haber sido exmagistrado, ex Fiscal General, o “fiscal de fila” como dijo un candidato, ni ser uno de varios funcionarios cuestionados. No ayuda mucho “retractarse”, cuando habiéndoles denunciado, ahora te lo cuestionan esos mismos denunciados. Ni siquiera basta la abreviada condena del confeso Tony Saca.
Se necesita, en pocas palabras, un fiscal competente, honesto, valiente e independiente de toda fuente de poder. Lo dije hace meses en otra columna: “Una Justicia selectiva sería una doble injusticia”. No es posible, como dijo Pablo Neruda, “el fuero para el gran ladrón, y la cárcel para el que se roba un pan”.
Abogado y Notario