La pancarta apareció en varios lugares estratégicos de San Salvador, como Catedral Metropolitana. Más que leyenda era una amenaza: “Periodista, di la verdad. Entrega tu país, no el nuestro”.
Eran los años finales de los Setenta. La frase también fue desplegada en calcomanías o pegatinas. Una clara referencia al trabajo de la prensa extranjera por parte de sectores que se sentían afectados por la cobertura al estallido social e institucional previo al conflicto armado en El Salvador, de la que la prensa no escapó: 14 atentados contra medios entre el 23 de enero y el 19 de noviembre de 1980.
El informe del país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos dijo que “durante los nueve primeros meses de 1980 habrían sido asesinadas aproximadamente seis mil personas como consecuencia de la creciente violencia que azota al país. Vivir es la excepción y morir la regla en El Salvador”.
El fin del conflicto armado en 1992 supuso el paso a condiciones de estabilidad, en asuntos de libertad de expresión y de acceso a la información. Pero hay señales de regresión en algunos casos. Si bien no hay ametrallamientos, destrucción de medios de comunicación, atentados y asesinatos de periodistas en relación directa con su trabajo, sí hay actitudes hacia la prensa por parte de algunos políticos, que denotan intolerancia y que buscan periodismo a la medida.
En años recientes políticos y funcionarios han hablado de” infiltrados” en sus eventos, líderes políticos han usado en actos públicos camisetas en las que piden boicotear a medios; están aquellos de uno u otro signo que se han negado a dar declaraciones a ciertos medios de comunicación y han vetado a periodistas según el medio para el que laboran.
También los que califican alguna publicación sobre asuntos sensibles como un ataque deliberado, y los que culpan a los medios de la inseguridad nuestra de cada día.
“Es el pasado”, dirá alguien: pues le cuento que en plena campaña proselitista un aspirante a vicepresidente de la República publicó en redes sociales que fue emboscado en una entrevista; un miembro de la comitiva de un candidato presidencial intimidó a un periodista de un medio digital cuando intentó entrevistarlo tras un conversatorio en una universidad privada: “¿Cuál es el problema?”, dijo.
Un candidato presidencial de otro partido fue felicitado en Twitter por su intervención en una entrevista por el propio secretario general: “Quisieron acorralarte y ¡¡¡ no pudieron!!!”.
En términos prácticos, no hay mucha diferencia respecto a aquella época, porque son viejas prácticas con nuevos actores que, se supone, tienen un ADN político diferente.
El que aspira ejercer un cargo público, y lo alcanza, debe ser consciente de que es un mandatario. Por cierto, en el verdadero sentido no es el que manda, es el que ejecuta una directriz. Y si hubiera algún agravio, hay mecanismos legales para superarlos, pero etiquetar con calificativos a medios y a periodistas exalta los ánimos, es apología a la violencia; muchos podrían interpretarlo como luz verde para agredir, en principio, verbalmente.
Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y se ejecuta mediante el periodismo que hace preguntas incómodas. Es importante reconocer que entre políticos y gobierno, por un lado, y periodistas por otro, debe haber una relación tensa y no necesariamente armoniosa; lo que lleva a admitir que tampoco la prensa debe ser impune si comete abusos, si denuncia sin razón, si se corrompe, escandaliza o no es leal a la defensa de los ideales de la democracia.
Periodista