En julio de 2017, cuando el proceso de elección de magistrados no había iniciado, tuve el privilegio, junto con otros colegas, de ser reelecto en la Junta Directiva de la más prestigiosa asociación de abogados en nuestro país; el CEJ.
Al asumir el encargo para un nuevo período, reflexionábamos juntos sobre el hecho de que no podíamos perder tiempo, y que desde entonces iniciaríamos el proceso interno de elección de candidatos a magistrados.
En esa oportunidad hicimos notar que estábamos exigiendo una Corte Suprema de Justicia compuesta por funcionarios íntegros, probos, competentes y, sobre todo, independientes; y que para lograrlo no solo teníamos que comenzar a predicar con el ejemplo en el proceso de elección interna, sino que también teníamos que motivar a las demás asociaciones de abogados para que hicieran lo propio.
Desde entonces teníamos absoluta certeza de que, para devolver la credibilidad al desgastado proceso de elección, teníamos que abandonar la crítica pasiva, el desdén, el desinterés, el conformismo y hasta el derrotismo. Lo pretendido en julio 2017 era que reaviváramos los bien intencionados propósitos que se tuvieron cuando se decretaron las reformas constitucionales que nos llevaron al mecanismo de elección que hoy tenemos.
Esto nos los planteábamos así, porque si bien reconocíamos que el mecanismo de elección debía reestructurarse, lo cierto es que para entonces ya no existía posibilidad real de hacerlo antes de las elecciones de magistrados.
Nos encontrábamos en realidad ante la interrogante de ¿qué hacer? ¿Hacernos a un lado mientras tanto y esperar que ocurriera otro “accidente” que nos permitiera seguir contando con un sistema de frenos o contrapesos? ¿O hacer un esfuerzo conjunto, sistemático y con visión de país, que nos llevara a intentar incidir positivamente en todas las etapas del proceso? Nos decidimos por lo segundo.
La decisión que tomamos la implementamos de inmediato. Desarrollamos exitosamente el proceso de elección interna en la asociación, el cual se realizó con total transparencia y publicidad. Se elaboró un baremo que mediría a los postulantes, se hicieron entrevistas exhaustivas, se permitió que la membresía hiciera llegar sus propias aportaciones sobre los candidatos, se escrutaron sus relaciones políticas, financieras, corporativas, gremiales y hasta sociales. Y se eligió bien.
Más adelante, tocó dar pelea al interior de Fedaes y en el proceso de elección que esta organiza y administra. Hay que reconocer que, lamentablemente, Fedaes ha sido cooptada por intereses político partidarios y que son ya muy pocas las asociaciones que tienen un verdadero interés gremial. Son muchas menos las que entienden cuál es la responsabilidad constitucional asignada.
Varias de las batallas se perdieron, pero eso jamás causó desánimo. Ni siquiera los ataques personales nos desalentaron en nuestro cometido; contrario a eso, solo nos fortalecían en nuestro empeño.
En medio del proceso y con el folclor que caracteriza a algunas asociaciones de abogados, nos pidieron que “bajáramos los canastos”, como queriendo decirnos que cesáramos en nuestro esfuerzo de exigir independencia judicial. No solo que no los bajamos, sino que nos pusimos varios más al hombro y conseguimos varios hombros más para cargarlos. Ya para entonces, muchas organizaciones de sociedad civil se habían involucrado.
En la etapa desarrollada ante el CNJ fue importante la labor de verificación, opinión y crítica que realizaron todas esas organizaciones ya incorporadas. Fue en esa etapa en la que se observaron más avances.
En la etapa legislativa, la sociedad civil estaba bastante más organizada; e indudablemente logró incidir positivamente en la labor de los diputados. Si lo vemos en retrospectiva y nos trasladamos al momento en que inició la fase legislativa, no es poco lo que se evitó.
Estamos claros que el resultado no ha sido el óptimo, pero no podemos demeritar lo logrado. El brazo gremial del partido de gobierno fue neutralizado; personas con evidentes conflictos de interés fueron descartados; candidatos cuyo único afán gremial es ser magistrados a cualquier costo, fueron relegados; y se aprendió.
Ahora pasamos a otra etapa. Los ciudadanos debemos seguir expectantes y críticos ante la gestión de los magistrados electos. Si ya entendimos nuestro rol en relación a las actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo, no costará entender qué es lo que nos corresponde ante las actuaciones del Órgano Judicial.
Doctor en Derecho, abogado
y docente universitario