A los políticos no les gusta que se les cuestione. No les cae en gracia que se les critique las malas decisiones que toman sobre asuntos públicos. Ante los cuestionamientos y críticas por el retraso de más de cuatro meses en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios políticos dijeron que si queremos incidir sobre las personas que ocuparían el cargo de magistrado que “nos postulemos como diputados”. Nada más contradictorio que una persona que debe su cargo al voto popular se niegue a escuchar a la ciudadanía.
Partamos de lo más básico. Podemos criticar o cuestionar algo solo porque sí, porque es nuestro derecho a expresarnos libremente. Porque mientras respetemos los derechos de los demás, la libertad de expresión nos da pauta para manifestar lo que pensamos. Este derecho es importante porque somos humanos e iguales. Pero cuando se trata de crítica al manejo de los asuntos públicos, este derecho adquiere especial relevancia. Se trata de un control sobre la manera en que los funcionarios administran las instituciones y el dinero público. Las decisiones que toman los funcionarios inciden en la vida de todos y por ellos nos interesan. Por eso es importante y necesario que la ciudadanía se exprese.
La discusión sobre la elección de funcionarios que realiza la Asamblea Legislativa va más allá de si un candidato a un puesto cae bien o mal, si es buena gente o no. Ha sido la falta de idoneidad de los funcionarios para dirigir las instituciones públicas lo que nos ha llevado a las distintas crisis que ahora sufre el país. La incapacidad de administrar instituciones importantes han sido factor determinante para su declive.
Instituciones dormidas, que se hacen del ojo pacho e inoperantes han sido caldo de cultivo para la ineficiencia en la prestación de servicios y la corrupción. Hemos tenido una Fiscalía General convertida en tienda que transaba impunidad, una Corte de Cuentas que dejó pasar reparos por el uso del dinero público y por lo que hoy un presidente está preso. Todo por culpa de personas que no saben tomar decisiones adecuadas o porque lo hacen con un interés ajeno al bienestar público. La elección de funcionarios importa mucho porque determina la forma en que se manejarán las instituciones: al servicio de la población o de intereses corruptos. No nos pidan que no nos metamos.
Por las razones anteriores es que tiene mucha relevancia la capacidad de las personas que se postulan para ser funcionarios. Y por eso es que molesta que existan diputados y alcaldes que rechacen que la sociedad civil se meta en esa decisión, que piden que no se critique o que se deje de presionar por los más idóneos. Ese rechazo a la crítica constructiva es una falta de respeto al electorado que les dio su voto de confianza, que creyeron en sus promesas o en su criterio para tomar decisiones y que pensaron que serían buenos representantes de sus pensamientos e intereses. Les están dando la espalda a quienes los pusieron en la silla que hoy ocupan. Inaceptable.
Y el rechazo a la crítica, sugerencias y exigencias que hace la sociedad civil también es una muestra de la soberbia de nuestros funcionarios. Ahora que ya están en el puesto creen que únicamente ellos saben qué es lo mejor para el país, que sus decisiones son las mejores y que nadie tiene motivos para criticarlos. Nada más falso que eso. Hay ciudadanos que están muchísimo mejore preparados o que tienen mejor criterio que un funcionario, que desarrollan buenas ideas y que merecen ser escuchadas. No caigan en el error de creer que sus respuestas son las únicas y las más acertadas.
Hace muchos meses escribí dos columnas tituladas “Los incuestionables”, sobre los funcionarios que se quejan de la crítica de la ciudadanía. Las cosas no han cambiado. En El Salvador todavía hay personas que creen que este país es una finca bajo su dominio. Se equivocan. Este pedacito de tierra nos importa tanto que vamos a seguir trabajando para que la institucionalidad se enderece y para que los malos elementos queden fuera de la función pública.
Abogada