Los Diputados a la Asamblea deben recordar que como funcionarios han jurado, bajo su palabra de honor, “cumplir y hacer cumplir la Constitución” y que de acuerdo a su Art. 218 “están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. (y) No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista…” (porque) “representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo” (Art. 125).
Pero el órgano legislativo es un centro político en manos de personas que supuestamente nos representan a todos los salvadoreños; y la aplicación del estado de derecho parece ser un tema sin ninguna importancia para muchos de ellos, no obstante que la base fundamental del Estado mismo es su Constitución y el órgano directamente encargado de velar por su cumplimiento es la Sala de lo Constitucional de la CSJ, cuya existencia depende de un juego vergonzoso del entramado político que quizás exige la elección conjunta del Fiscal General, la aprobación del Presupuesto 2019 y quizás la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. La política nos ha enfermado y ha permitido la violación del Estado de Derecho, por intereses que no son los intereses patrios, sino intereses partidarios y algunos personales.
La inicua actitud de algunos señores que dicen ser nuestros representantes en la Asamblea, es un grave indicador de las ocultas intenciones de romper el sistema democrático de poderes con facultades independientes, limitadas e indelegables, con la búsqueda de un poder único ejercido desde casa presidencial, manejado con marionetas para actuar a su conveniencia en los otros órganos.
El sistema iniciado en 1994, para la elección de los candidatos a Magistrados de la CSJ ha sido vencido por la actitud política de quienes dicen representarnos, y por ello el número de votantes abogados del país para sus candidatos fue insignificante y el Consejo Nacional de la Judicatura que eligió igual número ha sido cuestionado seriamente por el mismo tipo de influencias y no obstante el uso de BAREMOS hemos tenido resultados con apenas unos cinco o seis candidatos con alguna experiencia laboral constitucional y unos dos en materia civil/mercantil, pero fuera de ellos los demás bien pueden tener otras experiencias, penales, familiares, etc., pero no para las Salas Constitucional y Civil. Sería como elegir cirujanos del corazón con cirujanos ortopedas.
La mala experiencia sufrida por el sistema actual lo vuelve cuestionable en lo constitucional, porque no considera elementos fundamentales, la moralidad y la competencia notorias (Art.176), sustituyéndolos por una especie de mercantilismo jurídico al servicio de fracciones políticas o funcionarios públicos; y todo ello nos lleva a la destrucción del sistema republicano, democrático y representativo, empeorando al anterior sistema, con mayor gravedad, porque significa la reunión de poderes en un solo órgano; es decir caemos en la dictadura, muy similar a la de países que nuestro actual gobierno admira y apoya.
No podemos dejar de mencionar la próxima elección del Fiscal General de la República, que desearía fuera el actual, pues las funciones de la Fiscalía han dejado de ser persecutora de roba gallinas a convertir su objetivo principal en el control de la honestidad de los funcionarios públicos, que compete principalmente a la Corte de Cuentas, cuya función debería reconsiderarse, estableciendo el CONTROL PREVIO de la actuación de los funcionarios públicos para evitar la corrupción administrativa, control preventivo que se suprimió en 1950 porque los constituyentes consideraron que era una intromisión en las funciones administrativas, pero permitieron hacerlo selectivo y puede establecerse en las entidades de amplio manejo de fondos, de acuerdo al Art. 195 (inc. final) Cn., en lugar de inoperantes prescripciones de veinte o más años.
Miembro de CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL. Socio del CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS y del INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL.