Los disturbios suscitados la semana pasada en Santa Tecla acapararon la atención del país. La efervescencia de la coyuntura política, exacerbada a medida avanza la campaña electoral, dominó las reacciones y opiniones sobre el incidente. Los señalamientos y descalificaciones mutuas, entre políticos, funcionarios y sus respectivos adeptos, monopolizaron la mayoría de intercambios en las redes sociales. Al alejarse de las lecturas que tienen a su base una motivación partidaria, la realidad que dibujan los disturbios dejan en evidencia problemas que es necesario solucionar.
El sector informal juega un papel trascendental en la economía salvadoreña. Distintos estudios han demostrado reiteradamente que, en El Salvador, la mayoría de los empleos son informales. Esto conlleva consecuencias serias en términos de la recaudación fiscal y, en consecuencia, de la calidad de los servicios públicos. Además, ofrece las condiciones perfectas para que estructuras criminales usurpen del papel de estado y creen paragobiernos. Las pandillas, por ejemplo, se han nutrido, mantenido y avanzado gracias a esta oportunidad criminal.
La literatura que analiza el trasplante de grupos delictivos de un lugar a otro, como lo que pasó con las principales dos pandillas que operan en el país, señalan la existencia de mercados informales como un elemento clave que permite este fenómeno. Debe de existir la necesidad de que exista un ente regulador que organice, administre y haga valer reglas a las que todos los actores se tienen que adherir.
La presencia, influencia y control ejercido por las pandillas en el sector informal es evidente. Distintos casos han demostrado el rol que juegan en el ordenamiento social y económico de ese tipo de negocios. Algunas alcaldías hasta han fomentado y explotado ese papel a su conveniencia, instrumentalizando y potenciando el poder ejercido por las pandillas en la informalidad. Este es un problema serio en El Salvador, que se ha agudizado durante los últimos años. Es necesario formular estrategias audaces orientadas a crear las condiciones para ayudar a que el sector informal migre a la formalidad.
Los disturbios también dejaron entrever la facilidad con que los cuerpos de agentes municipales, como consecuencia de una falta de coordinación y acompañamiento de la Policía, enfrentan solos situaciones para las que no cuenta con los recursos o preparación. Las imágenes de la situación son difíciles de refutar. Los videos y fotografías de agentes municipales y manifestantes tirándose dejan claro que la situación escaló a un nivel al que no tenía que haber llegado. Peor aún el uso de armas de fuego. Sin embargo, es necesario preguntarse ¿de quién es la responsabilidad que las cosas llegaran hasta donde lo hicieron? La respuesta no es tan sencilla.
Hay responsabilidad para el gobierno local y el central. Sin embargo, la Policía tuvo que haber tenido un papel más protagónico. La Policía, siendo la experta en el mantenimiento de orden en el contexto de manifestaciones, tuvo que haber asesorado al gobierno local, acompañándolo de cerca y vigilando el momento oportuno en que el problema requeriría de su intervención. Desconozco si este fue el caso, pero todo indica que no lo fue. Es necesario trabajar en los mecanismos de coordinación, creando protocolos más dinámicos y acertados que ordenen, estructuren y establezcan las responsabilidades de cada institución.
El debate sobre los disturbios es un excelente ejemplo de cómo los problemas terminan siendo discutidos al calor de intereses partidarios, sin buscar soluciones o analizar las condiciones que tienen que cambiarse para mejorar la calidad de vida en el país. Los que nos involucramos en el debate público debemos de tener cuidado en no alejar la discusión de situaciones críticas y evitar enfrascarlas en posturas alineadas con intereses partidarios.
Criminólogo@_carlos_ponce