Camagro advirtió recientemente que la agricultura en El Salvador no es un trabajo rentable y que además, poco a poco, está desapareciendo como actividad económica. La gremial señaló que por más que se diga que está renaciendo el agro, eso no es cierto; por muchas razones que lo evidencian, como baja productividad o las condiciones adversas del mercado, que el sector ya no es rentable; y sobre todo, que es obvio que se necesitan políticas de Estado consecuentes para revertir su colapso.
A lo largo del siglo XX, la agricultura y todas las actividades conexas llegaron a representar casi la mitad de toda la producción nacional (PIB). En 2016 se estima que éstas representaban un 13 % y con el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales, para 2017, el agro y su entorno económico pasó a ser apenas el 5.8 % del PIB.
Pese a que 500,000 personas se dedican a las actividades agrícolas y se generan un total de 2.5 millones de empleos indirectos, las ventas al exterior de café, azúcar, ganado, granos básicos, porcinos, y otros relacionados, representaron solo el 18 % de los más de US$5,000 millones en exportaciones totales.
Es de considerar, que además de los retos externos que no se pueden controlar, como el aumento de precios de materias primas, petróleo, fletes y de los aranceles; el país debe enfrentar desafíos internos: los productores no son dueños de las parcelas que cultivan y hay mucha tierra subutilizada, a lo que se suma un débil sistema educativo orientado a la capacitación agropecuaria, así como el limitado uso de la biotecnología, la que se reduce a asistencia técnica e investigación. Desafíos con un relevo generacional nada favorable, puesto que por ahora la edad promedio del trabajador del campo es de 59 años.
La región centroamericana tiene un enorme potencial de crecimiento agrícola; sin embargo, le faltan planes e inversión en infraestructura, hay poca o ninguna investigación local y asesoría técnica, y cadenas de comercialización ineficientes.
La falta de financiamiento adecuado y oportuno, los limitados programas de control integrado de plagas, la vulnerabilidad climática, la baja rentabilidad y la limitada innovación y aplicación de tecnología, son otros factores internos que frenan el potencial crecimiento agropecuario.
Se necesita estimular y premiar a quienes enfrentan las inclemencias del clima para criar animales, o para surcar la tierra, sembrar y cultivar alimentos agrícolas y pecuarios, para que ricos y nutritivos alimentos estén en nuestras mesas. Una política gubernamental agropecuaria debe de estar consciente que se debe recompensar ese esfuerzo agropecuario, para que no se empobrezca más el campo, para que el bienestar de nuestras mesas en las ciudades esté de la mano, equilibradamente, con el bienestar y dignidad de agricultores, ganaderos, avicultores, lecheros, pescadores y trabajadores agrícolas. Sobre estas realidades actuales del sector se hace indispensable establecer un marco legal que garantice de manera positiva el derecho a la propiedad de la tierra en adecuadas condiciones contractuales de arrendamiento. Se requiere esto como la única vía que propicie el uso racional de las 400 mil manzanas de tierra que se estiman están ociosas, sin cultivar.
Resulta obligado el proponer una Política Agropecuaria y Agroindustrial que sea integral, con visión de largo plazo, con atención a los diferentes rubros para dinamizar las inversiones y las actividades productivas encadenadas; y así, abastecer el mercado interno, aumentar las exportaciones y aprovechar nuevos mercados. El objetivo: una agricultura moderna, rentable, competitiva y sostenible.
Formular políticas públicas acertadas que logren incentivar la intensidad de la producción agropecuaria contribuirá a un cambio ambiental menos adverso. Entre ellas, el acierto de políticas hacia el parque cafetero, un claro ejemplo de esta contribución.
Exministro de Economía