El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se define como aquellas personas o grupos de personas que de manera forzada, no voluntaria, han huido de sus hogares para escapar de la violencia, conflicto armado, violaciones a derechos humanos y por desastres naturales.
Al cierre del año 2017 la estimación de personas desplazadas internas en el mundo por ACNUR era superior a 68.5 millones, de los cuales 40 millones lo han efectuado al interior de sus países. Otra manera de expresar esta dura realidad es que cada dos segundo hay una persona que es desplazada forzosamente en el mundo.
El Salvador se encuentra entre los diez países con mayor cantidad de habitantes en esta condición, atrás de países con guerras abiertas declaradas como Siria, República Democrática del Congo, Irak, Afganistán, Sudán del Sur, Etiopía, Filipinas y Somalia; el informe año 2018 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) recopila los datos del informe mundial GRID 2018, en el mismo se registra que en El Salvador durante el año 2017 hubo 297,000 personas forzadas a huir de sus hogares, y es el primer lugar en DFI atribuidos a violencia criminal. Este mismo reporte registra para El Salvador durante el año 2016 un número de 220,000 casos, y para el año 2015 la cantidad en el reporte es de 170,000 casos. A estas cifras debo agregar que ocupamos la tercera posición en el mundo es cantidad de solicitudes de refugio en otros países.
Los principales responsables en nuestro país de DFI son las pandillas y el crimen organizado como lo hemos abordado en otras columnas; esta crisis humanitaria la sufren las personas menos favorecidas, desposeídas y desprotegidas, ya que el Estado salvadoreño no ha podido brindarle las condiciones y garantías mínimas de seguridad, y para satisfacer sus necesidades básicas.
Sobre DFI no solo contamos con cientos de historias que recopilan este drama humano, que experimentan los menos favorecidos en El Salvador, sino que existe ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional (411/2017) que recopila el abandono del Estado para treinta y tres personas, de ocho familias como consecuencia de la afectación de estructuras criminales, y como retrata la negación de justicia y de protección del Estado, y puso en evidencia la realidad salvadoreña por la violencia criminal. Previo a la sentencia estas familias fueron revictimizadas por el mismo Estado salvadoreño por medio de las Instituciones que fueron condenadas.
Una de las premisas básicas que facilita los DFI es la pérdida del control del territorio que le corresponde al Estado, ya que en muchos sectores quien tiene control es la pandilla, convirtiendo esos sectores en estados paralelos, donde impera las reglas impuestas por ellos. El Estado desapareció o nunca llegó previo y después de la guerra, y continúa sin llegar a muchos cantones, caseríos, comunidades, barrios y colonias, y ese lugar lo ocupa la pandilla, infunden temor en la población y le compiten al Estado el control del territorio.
En los últimos días hemos observado cómo cientos de salvadoreños pese a estar informados de los peligros que les pueden costar hasta la vida, deciden abandonar nuestro país, motivados por escapar de la inseguridad y violencia ejercida por las pandillas, por poder obtener trabajo que les permita comenzar a pagar sus deudas y sostener a sus familias, y otros no podemos descartar la reunión familiar; es urgente que el Estado recupere el territorio y brinde los servicios básicos asistenciales.
Ningún candidato a la presidencia se acercó a los grupos, a tratar de animarles y convencerles que desistan, a exponerles sus planes para combatir la inseguridad, el desempleo, mejorar la canasta básica, y llevar energía eléctrica y agua potable, salud y reparar su escuela; será porque se tiene que abordar el tema de cómo piensa enfrentar la recuperación del territorio y las pandillas?
Cerramos el primer mes de campaña oficial, y no se ha presentado a los ciudadanos ninguna plataforma y política de Seguridad Nacional por parte de los cuatro candidatos a la presidencia.
Experto en seguridad y criminología