En marzo de 2015 publiqué la columna titulada: Fomilenio, oportunidad para la libertad y competencia. En esa columna me refería a uno de los componentes del Convenio del Reto del Milenio, el de Mejora Regulatoria.
Relacionaba cómo esto suponía una oportunidad para la defensa de la competencia, particularmente en la ejecución de evaluaciones de impacto competitivo. La Superintendencia de Competencia ya realiza ese tipo de evaluaciones sobre regulaciones a fin de identificar barreras a la competencia que se construyen desde el sector público, y plantear recomendaciones para derribarlas.
Decía en esa columna que el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de Fomilenio sería un complemento ideal para fortalece ese eje de la Superintendencia en su misión de abrir los mercados. Afortunadamente hace unos días hubo una buena noticia: la Superintendencia de Competencia y el OMR suscribieron un convenio de cooperación.
Es una oportunidad para que estas dos instituciones alineen objetos de protección comunes, y aúnen esfuerzos para que las recomendaciones que hagan no caigan en saco roto. Esto plantea un paso importante para fortalecer la auditoría al Estado, y señalar los puntos en que este obstaculiza la competencia.
El papel de ambas instituciones al evaluar al Estado puede ser incómodo para algunos funcionarios, pero es bueno que así sea. Es necesario que así como se investigan las barreras que desde el sector privado se imponen a la competencia mediante prácticas anticompetitivas, también se haga lo propio respecto a los obstáculos que se diseñan desde los despachos de los funcionarios públicos.
Un triste ejemplo de una violación al principio de competencia desde el Estado fue el Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss). El Estado adquirió un crédito millonario con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir la infraestructura para ese servicio de transporte masivo de pasajeros, y luego decidió adjudicar el servicio de transporte a una empresa privada sin realizar ninguna licitación, ni proceso competitivo alguno para escogerla.
Así, usted, a la fecha y por los próximos años, paga una infraestructura que explota una empresa privada, y que fue escogida en un proceso oscuro y sin competencia. Situaciones como esa no deben volver a ocurrir. Y es necesario que la institucionalidad funcione para señalar esos obstáculos a la competencia e impedir que consumen sus perniciosos efectos.
De ahí que, en este eje de trabajo, uno de los mayores retos que enfrentarán ambas instituciones en las próximas semanas debe ser evaluar el proceso de concesión del Puerto de La Unión. Es necesario que ambas instituciones revisen las bases de licitación que prepara la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y verifiquen que en ellas no existan trabas u obstáculos a la competencia.
En todos estos años el Puerto de La Unión ha sido un emblema de lo fácil que resulta dilapidar el dinero que tanto le cuesta ganar a los contribuyentes. Una década en que esa millonaria plancha de cemento ha permanecido tirada es una burla a los contribuyentes, y ninguno de los funcionarios que ha pasado por CEPA se ha ruborizado por ello. Lo mínimo que se merecen los contribuyentes es que la concesión de esa obra se realice en un procedimiento transparente y abierto a la competencia. Nadie quiere que esa faraónica plancha de cemento sea, además de un símbolo de ineficiencia, uno de corrupción.
Las decisiones que tomen la Superintendencia de Competencia y el OMR en casos como este no tendrán fuerza vinculante. Pero el prestigio que han cultivado ambas instituciones les da un peso moral que puede ser muy útil para alzar la voz, y así juntas combatir a la corrupción y al mercantilismo.
Abogado
@dolmedosanchez