La muerte del periodista Jamal Khashoggi, desaparecido el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, probablemente descuartizado vivo a manos de un equipo de agentes saudíes, aún causa conmoción.
El asesinato del periodista Sergio Martínez González, en el estado de Chiapas, el pasado 3 de octubre, significó el número 13 en lo que va de 2018, lo que haría de este año uno aún más violento para los reporteros que el pasado. En 2017, Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó sobre la muerte de 12 periodistas, convirtiendo a México en el país más violento para la profesión junto a Siria.
Desde hace algunos años han sido establecidos en varios países de la región mecanismos de protección a periodistas. Guatemala en 2004; Colombia, 2011; México, 2012, y en Honduras, 2015. En algunos casos, el mecanismo incluye a grupos en situación de riesgo, como sindicalistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Pasado el tiempo ha habido espacio suficiente para evaluar qué se ha hecho y si ha sido lo correcto. Uno de los asuntos críticos es que las medidas no son preventivas, sino reactivas. Algunas no son las más eficaces y podrían parecer increíbles, como dotar de un vehículo para el transporte seguro, pero sin combustible, o dar un teléfono sin crédito.
Otros problemas recurrentes son la excesiva burocracia, brindar custodios pero su alimentación y transporte corre por el protegido; o dotar de chaleco antibalas para que el periodista lo use mientras labora. Evidentemente algo no anda bien.
En El Salvador, no se tiene la virulencia de actos contra periodistas, como en los demás del Triángulo Norte, pero sí han ocurrido varios asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, que se mantienen impunes.
Instancias como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA han establecido claramente que en los casos de violencia contra periodistas y otras personas en razón del ejercicio de la libertad de expresión, los Estados deben trabajar por cumplir obligaciones derivadas de los derechos a la vida, integridad personal y a la libertad de expresión, y plantea concretamente que es necesario actuar de modo de prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de esos crímenes.
Tales obligaciones son para todo Estado (no gobierno), también de los órganos responsables —como la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil— son plasmados en documentos como el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. Concretamente dice que “la promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad”.
¿Cuál es la importancia de combatir la impunidad de actos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación? Va más allá de lo que algunos creen es exigir privilegios para un sector, en un país como El Salvador, en el que todo aquel que no cuenta con custodia personal está expuesto a ser víctima de la violencia. Se trata de que la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena (un concepto muy claro de impunidad) fomenta la repetición en forma crónica de violaciones de derechos humanos que deja a las víctimas y a sus familiares, indefensos.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra un periodista implica, adicionalmente, un incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Periodista