Los últimos 10 días deberían servir a los salvadoreños como un necesario levantón al autoestima colectivo. Primero, se reconoció ante los ojos del mundo entero desde la Plaza de San Pedro la santidad de uno de los nuestros. Unos días después, en la Corte Internacional de Justicia (nada más y nada menos que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas) se le rindió homenaje al primer presidente del organismo: el Doctor José Gustavo Guerrero, un servidor público que arriesgó hasta la vida (llegando a pararse cara a cara contra los nazis) en favor de la institucionalidad, la justicia y la paz.
El legado del Doctor Guerrero se mantiene vivo en el país en gran parte por la enorme labor informativa de uno de sus descendientes, José Miguel Arévalo, que también heredó su profesión como licenciado en ciencias jurídicas. Como abogada, pensé con tristeza en la aparente sequía que tenemos en la actualidad en el servicio público de abogados de la talla del Doctor Guerrero. Lo digo en el contexto de que Luis Martínez, Exfiscal General de la República, se encuentre siendo procesado por sustraer fondos de Fiscalía y por, literalmente, vender la justicia.
No deja de ser irónico que quien ostentara alguna vez el cargo de traer criminales a la justicia y preservar la legalidad desde el Ministerio Público sea ahora quien tiene que rendir cuentas ante la justicia. Parece ser un patrón que continuamos repitiendo en El Salvador: poniendo en nuestras instituciones más críticas a individuos menos que idóneos para preservarlas. La misma ironía la repiten también los titulares de la Corte de Cuentas, que encargados de auditar el uso de los fondos estatales en otras instituciones, pretenden usar fondos estatales para recetarse jugosísimos aumentos salariales mientras faltan fondos para escuelas y hospitales.
Nos urgen más servidores públicos como el Doctor Guerrero. No necesariamente en el sentido de que compartan su pasión por las relaciones exteriores y la diplomacia, sino que compartan su respeto a la dignidad de la ley y su pasión por ser un garante de la justicia. Son demasiados los servidores públicos que aparentemente han olvidado que se sirve al público y no del público. Que llegan a ocupar cargos institucionales desde los que deberían luchar por la justicia y el estado de derecho y tras servirse con cuchara de plata, dejan a su paso instituciones maltrechas y debilitadas.
Y el flagelo de la corrupción no solo debilita las instituciones de las que los corruptos se aprovechan. También debilita la confianza que la ciudadanía tiene en la institucionalidad misma y en el estado de derecho; en otras palabras, la confianza de que los quebrantos a la ley acarrean consecuencias y la sensación de seguridad que implica sentirse protegidos por un sistema de leyes que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos. Esta falta de confianza es tóxica, pues al perpetuarse tiene la capacidad de llenar de cinismo a las generaciones de ciudadanos que podrían constituir los servidores públicos del futuro. Este cinismo podría terminar impidiendo que los estudiantes de derecho de hoy sueñen en convertirse en los doctores Guerrero del mañana, porque estudiar leyes y jurisprudencia en un país en el que el Estado de Derecho se continúa debilitando día tras día, puede empezar a sentirse como aspirar a aprender a nadar en tierra desértica.
Lic. en Derecho de ESEN con
maestría en Políticas Públicas de
Georgetown University.
@crislopezg