Superamos la crisis de 2018, pero falta mucho por hacer

Por Norman Quijano

10 octubre, 2018

Cuando fui juramentado como Presidente de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, me comprometí a hacer las cosas de forma diferente, eso porque estaba consciente que sobre mis hombros recaía la responsabilidad de corregir formas anquilosadas de funcionamiento en esta institución que son mal vistas por los salvadoreños en general.

Sin embargo, una realidad que no podemos negar es que el Órgano Legislativo es una institución atípica, gobernada a nivel real por 84 diputados (en el que cada uno decide sobre contrataciones y genera diversos gastos), aunque a nivel formal se cuenta con una Junta Directiva.

Eso, en la práctica, se manifiesta en el hecho que una parte del personal de la institución, no es responsabilidad del Presidente ni de la Junta Directiva, cesarlo o contratarlo; es más, la suerte de ese grupo de empleados depende de la continuidad de los diputados en cada periodo legislativo.

Reconozco que la ciudadanía espera cambios drásticos, pero en una institución en la que “la costumbre es ley” hay que comenzar a cambiar paradigmas poco a poco, y el primer paso es ordenar la casa, tanto administrativa como financieramente.

Producto de este desorden es que en este 2018 hemos tenido tres presupuestos, particularmente en el rubro de remuneraciones: uno, aprobado por 45 millones; otro, modificado en febrero de este año por 50.2 millones, y el real, que rondaba los 52.2 millones.

La Junta Directiva tomó conciencia de esa realidad y de no haber actuado, en noviembre, la Asamblea Legislativa hubiera tenido que solicitar un refuerzo presupuestario, con el consiguiente descrédito para la clase política. Hoy, puedo afirmar que no lo haremos, gracias a una gestión responsable que nos ha llevado a recortar gastos en salarios, así como en bienes y servicios.

Comparto algunos datos, se ha reducido el número de empleados en aproximadamente un 8 %, al comparar abril de este año con agosto, se percibe que hay una reducción efectiva de 200 mil dólares mensuales en salarios. Hemos hecho lo que ninguna institución del gobierno ha realizado en su gestión, reducir el gasto.

Lograr el ajuste y corregir un déficit por aproximadamente 2.2 millones de dólares, no ha sido fácil y la Junta Directiva reconoce el estrés que ha generado este proceso, el cual no tiene precedente en la clase política.

Lo que se concibió como un proyecto de austeridad, a implementar en corto plazo, se fue ejecutando en la marcha para administrar una crisis generada por el exceso de gasto más allá del techo presupuestario legal.

En este contexto, las medidas adoptadas fueron varias, no solo en lo relativo al personal, además dejamos de usar las camionetas, se redujo el número de directivos, el consumo de combustible, el gasto en boletos y viáticos, el gasto en servicio de telefonía, entre otros.

Para más detalle, en combustible se registra un ahorro de 26,465 dólares, al pasar de gastar $81,620 en el periodo enero-abril a consumir $55,155 entre mayo y septiembre. En boletos y viáticos, entre enero y abril se gastó 285,143 dólares, fueron 71,260 dólares en promedio al mes; durante nuestra gestión, cinco meses, el gasto es de 64,599 dólares y en promedio mensual de 16,149 dólares, en total son 220,443 dólares menos; en horas extras de $25,000 pasamos a $15,000, entre otras medidas.

Cuando anunciamos para 2019, un presupuesto de 58.3 millones de dólares mantenemos un monto similar al de los últimos cinco años, con una gran diferencia, en esta ocasión sí hay un equilibrio real entre los gastos y la fuente de financiamiento. Me pregunto, ¿habrá alguna otra institución que haya solicitado el mismo monto para su presupuesto en este espacio de tiempo, absorbiendo la inflación?

Si este ejercicio que ha hecho el Órgano Legislativo —cuyo presupuesto representa aproximadamente el 1 % de todo el gasto del Estado— se repitiera en el resto del Ejecutivo y del Judicial, ¿cuánto nos podríamos ahorrar para generar posibilidades de inversión en salud, educación y seguridad?

Debo reconocer la colaboración de todos los miembros de Junta Directiva y el sacrificio a todo nivel en este esfuerzo por reducir los gastos ya que, a pesar de lo que se sigue sosteniendo, no hay seguro médico para diputados ni empleados legislativos, no hay comidas en restaurantes y la inversión en eventos se reduce al mínimo, al aprovechar los recursos e instalaciones con las que cuenta la institución, entre otras disposiciones.

De igual manera, si bien es cierto la supresión sistemática de plazas ha concluido, seguimos a la búsqueda de las llamadas “plazas fantasmas”; sin embargo, estos casos no son tan sencillos, se necesita seguir procesos, documentar y probar la denuncia, por lo tanto, al conocer de un caso inmediatamente se abre un expediente e inicia la investigación.

Los problemas y los males no han sido superados, pero estamos en el camino de hacerlo, mi compromiso es dejar iniciada la ruta y la voluntad para superar las prácticas que la población cuestiona.

Este Órgano de Estado es por antonomasia el epicentro político del país, por lo que no es de extrañarse que este criterio haya primado sobre la visión técnica para su administración. Sin embargo, nuestro objetivo es lograr un balance, esa es la clave.

Presidente de la Asamblea Legislativa

10 octubre, 2018

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Norman Quijano

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