El “nunca más” del presidente del TSE opacó la convocatoria a las elecciones de 2019. Se trató de una diatriba inoportuna y totalmente reprochable. Al hacerlo en el marco de un acto oficial, en presencia de la comunidad internacional, de los presidentes del Legislativo y del Ejecutivo y de los líderes de las organizaciones partidarias, polarizó una ceremonia en la que debieron prevalecer la prudencia, la certidumbre y la solemnidad.
Quien ejerce el papel de contralor en los comicios está obligado a garantizar el cumplimiento de la legislación electoral. Su mensaje, en lugar de censurar los actos de uno de los órganos del Estado, tuvo que dirigirse especialmente a los candidatos presidenciales para advertirles que el TSE vigilará estrictamente, entre otros aspectos, el origen del financiamiento político, la compra de votos y el uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Asegurar la integración de las JRV y la capacitación de sus miembros, la adecuada transmisión de resultados, el escrutinio definitivo y la aplicación, pronta y cumplida, de la justicia electoral son otras de sus competencias esenciales.
En su discurso debió referirse a las recomendaciones de las misiones internacionales de observación electoral, particularmente las de la OEA y la Unión Europea, e informar el avance en la implementación de las mismas. No dijo nada sobre la depuración del padrón electoral, la estrategia para promover el voto desde el exterior y si organizarán o no un debate entre los candidatos presidenciales. No se refirió a las medidas que adoptarán para evitar una crisis política en el caso de que alguno de los aspirantes refute los resultados de la votación. Este último escenario fue el que ocurrió en 2006, en México, cuando el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el veredicto del entonces Instituto Federal Electoral. La situación se salvó por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que por ley es el competente para calificar la validez de la elección.
El presidente del TSE no reclamó al Ministerio de Hacienda el recorte al presupuesto extraordinario para la organización de las elecciones. Habría sido la oportunidad perfecta para fijar posición acerca de la reiterada violación del Ejecutivo sobre el financiamiento que requiere la celebración de la justa electoral. Tampoco hizo referencia al peligro que significa el retraso en la entrega de los pabellones por parte del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) para iniciar la instalación del Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (Cnpre). No aclaró en qué consiste la modificación del Sistema de Información Electoral (SIE) diseñado por Corea del Sur ni dijo si existen riesgos técnicos en la adaptación que harán de los escáneres donados para transmitir los resultados preliminares en las elecciones de 2019.
El principal funcionario del organismo colegiado no agradeció el apoyo de la cooperación internacional. No mencionó el estratégico papel de las organizaciones de la sociedad civil. No las invitó a continuar con su rol de “auditores” del evento electoral a través de las misiones nacionales de observación. En el pasado el TSE llamó a diferentes entidades civiles a cooperar en las campañas de educación cívica. Durante la actual gestión ha existido, si no un repudio, por lo menos una sospecha permanente hacia los ofrecimientos de las instancias de ciudadanos que están dispuestas a respaldar los esfuerzos del TSE para incentivar a la gente a votar.
La cabeza del TSE prefirió, por enésima ocasión, enfilar sus críticas hacia los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pidió convertir al TSE en un “poder” del Estado con iniciativa de ley y protegerlo de la “injerencia” del máximo intérprete de la Constitución de la República. Para este fin demandó modificar la Carta Magna con el propósito de restringir el ámbito de acción de aquella instancia. Asimismo solicitó reformar el Código Electoral para garantizar la igualdad y el carácter directo (sic) del voto. Sus propuestas merecen una amplia y seria discusión. Sin embargo, eso fue precisamente lo que faltó. No hubo mesura en sus palabras y su actuación emuló a la de los políticos en campaña distanciándose de la dignidad y solvencia que debe distinguir a quien lidera al árbitro electoral.
*Doctor en Derecho y politólogo