Este martes 2 de octubre, en acto público, el Tribunal Supremo Electoral dio el banderillazo de salida a la campaña electoral para las próximas elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El mismo no pasaría de ser un acto más si no estuviéramos frente a uno de los procesos electorales más relevantes de la historia.
El próximo 3 de febrero se escribirá el capítulo definitivo de un proceso iniciado con la firma de los acuerdos de paz. Es el último momento de la historia moderna en que se decidirá el futuro de las actuales y siguientes generaciones. Pero veamos algunos factores que motivan esta aseveración.
Los partidos hasta ahora mayoritarios enfrentados desde la época de la guerra, deberán superar el desgaste que les ha representado ejercer el poder durante las pasadas décadas y, sobre todo, el lastre de los errores cometidos. Así lo demuestran los sondeos de opinión en la que una inmensa mayoría rechaza a los partidos tradicionales y su forma de hacer política.
Su repunte en la opinión popular y la posibilidad de captar el voto mayoritario de la población, requerirá por lo tanto una profunda, genuina y confiable renovación de cuadros y visiones y un compromiso real y visible con la superación de los desaciertos del pasado.
Hasta ahí todo parecería similar a otras elecciones y estaríamos condenados a repetir las decisiones de cualquier proceso electoral del pasado, para terminar renegando del proceso con argumentos tales como: hay que votar por el menos malo; es más de lo mismo; para qué sirve votar o la frase más común del salvadoreño promedio, aquella de “si no trabajo no como”. Todas manifestaciones del desencanto generalizado.
Pero resulta que ahora hay un tercero en discordia, y todo apunta a una segunda vuelta electoral, lo que obliga a cambiar estrategias, alianzas y énfasis de campaña, afinar el análisis y actuar en consecuencia. Ahora el partido que no alcance al menos el segundo lugar para pasar a la segunda vuelta estará condenado, si no a desaparecer, al menos a involucionar a su mínima expresión.
Otro elemento determinante es que estamos frente a una importante falta de consistencia institucional, en que los poderes del Estado no ejercen las funciones constitucionales.
La Asamblea Legislativa negocia cuotas de poder para la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional que lleva ya un par de meses de acefalía, atentando contra la protección de los derechos ciudadanos. Ante tal acefalía además, los Vetos Presidenciales se convierten en decisiones inapelables.
El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía general de la República, La Corte de Cuentas de la República, la Secretaría de Transparencia, el Tribunal de Ética y las mismas dependencias de la Corte Suprema de Justicia, son cuestionados duramente por algunos sectores sin que exista evidencia contundente de la imparcialidad y objetividad de sus decisiones.
Todo ello en un ambiente de confrontación y descontento, denuncias de campaña sucia, altos niveles de corrupción comprobada de altos funcionarios durante las últimas administraciones. Estructuras de corrupción sin desmantelar, incluyendo empresas, periodistas y partidos políticos, desconocimiento del destino real de millones desfalcados al Estado, migración creciente, inseguridad y desempleo.
Pareciera más factible para los partidos continuar en la oposición que aspirar al gobierno por lo que su lucha vital parece más exacerbada por estos factores de distorsión que por la contienda electoral como tal. Ello solo se explica basado en que los intereses particulares y de grupo son más importantes que los intereses de país.
En esas condiciones, en que pareciera no haber salidas viables a la crisis de credibilidad y legitimidad, surge la organización social como medio de retomar las riendas de su propio destino. Ya no es posible permitir que una pequeñísima minoría decida y controle el destino de más de seis millones de salvadoreños. Si los partidos y sus líderes no son capaces de interpretar la realidad y estar a la altura de las circunstancias, la Sociedad Civil organizada deberá ejercer su papel de auditoría ciudadana y conductora del destino de las mayorías.
La Constitución en su polémico artículo 85 le da a los partidos el monopolio para el ejercicio del poder, pero la Sociedad Civil organizada eficientemente y hábilmente conducida puede imponer la fuerza de la razón por encima de intereses partidarios.
Estas elecciones del próximo 3 de febrero de 2019, son pues la mejor prueba para la capacidad de la sociedad organizada de ejercer presión e incidir positivamente en la conducción de los destinos de la Nación. Un voto inteligente que sea útil y efectivo es la clave para dar un paso firme en esa dirección.
Presidente de C.D.N,
expresidente de la C.S.J.