Los malos políticos nuevamente han hecho que la Asamblea Legislativa nos falle a los salvadoreños, dejándonos por meses sin una Sala de lo Constitucional a la que podamos recurrir. Varias personas, incluyendo representantes de tanques de pensamiento, diplomáticos y generadores de opinión, han advertido sobre los efectos nocivos y peligros de esta situación. Las explicaciones brindadas que han ofrecido los legisladores para justificar el prolongado retraso dejan claro que poco les importa la ciudadanía y sus problemas, mientras logren satisfacer sus intereses particulares y partidarios.
He escuchado a analistas plantear dos lecturas que argumentan que las redes de corrupción son el problema de fondo. Los corruptos, según una de las lecturas, no dan sus votos a los candidatos mejor evaluados porque temen que, una vez en el puesto, ordenen que sus fortunas sean investigadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. La otra argumenta que la elección se está alargando intencionalmente hasta que llegue el momento de elegir al fiscal general para canjear su selección por la de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Douglas Meléndez ha demostrado que es posible tener una Fiscalía íntegra y desde allí iniciar la desarticulación de las poderosas redes de corrupción que ahogan a nuestro país. El Ministerio Público ha judicializado y logrado condenas en casos vinculados a exmandatarios. Esto no tiene precedentes en el país. Gracias a las indagaciones, el problema se ha vuelto más visible y hemos logrado dimensionarlo.
La Fiscalía y quien la dirija, por lo tanto, se han convertido en objetivos prioritarios para las redes de corrupción. Los corruptos, sin duda, han realizado que su subsistencia depende de la neutralización del Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia puede ordenar las investigaciones que quiera, pero si el fiscal adrede realiza investigaciones y persecuciones penales negligentes, torpes y amañadas, las redes de corrupción permanecerán intactas.
Lastimosamente, todo apunta a que esta es la apuesta. Son pocos los políticos que públicamente elogian a Meléndez por su trabajo. Son muchos, en cambio, los que lo critican y acusan de actuar con sesgo político, a pesar de que bajo su dirección se ha ordenado la detención de funcionarios de todos los partidos.
La intención de ahogar a la Fiscalía es clara. El último presupuesto lleva una reducción sustancial en los fondos que serán otorgados a la institución. Así buscan limitar los recursos disponibles para realizar investigaciones. La intención es enterrar a los fiscales en montañas de expedientes, sin posibilidad de incrementar la plantilla de personal o tener acceso a tecnología y recursos que faciliten y agilicen las investigaciones.
Los casos iniciados por la Fiscalía y las condenas que ha logrado han despertado el optimismo entre la ciudadanía. Estos logros, aunque algunos los etiquetan como modestos, pueden convertirse en un punto de inflexión que cambie el rumbo del país. La incapacidad, negligencia, ineficiencia e inefectividad de las instituciones públicas tienen sus raíces en las redes de corrupción. Desarticularlas es vital para transformar el aparato estatal. Solo así se crearán las condiciones para atraer y ubicar a las mejores personas, preparadas, honestas y profesionales, al frente de las diferentes carteras de gobierno. Dejar que las redes de corrupción sigan operando nos condena a continuar los funcionarios mediocres a su servicio.
Parece que las voces de quienes advierten sobre el retraso de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y el rol que esto juega en los oscuros planes de los corruptos, son recibidas cada vez con más indiferencia. Es importante que los salvadoreños denunciemos a los políticos detrás del retraso y no olvidemos el daño que esto le está haciendo al país. Todos tenemos la oportunidad de frustrar la apuesta de los corruptos y contribuir a la creación de un mejor país.
Criminólogo
@_carlos_ponce