Los diputados están juzgando la reacción de la sociedad civil ante la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con criterios de hace cinco o más años. Creen que los ciudadanos continúan en el estado de pasividad e indiferencia que los caracterizó durante décadas. No tienen en cuenta que el deterioro de la política, del sistema político y de los partidos “tradicionales” se debe precisamente al desnutrido vínculo entre los votantes y sus representantes. Le dan la espalda a los casos, abundantes en el continente, en los que este tipo de actitudes, de desobediencia de las atribuciones que les competen, ha fragmentado los congresos, generando inestabilidad política y una difícil gobernabilidad democrática. Aunque los contextos cambian según el lugar en el que nos encontremos, son muy similares las consecuencias de la negligencia de los grupos parlamentarios. Allá donde se ha roto la empatía entre gobernantes y gobernados se ha multiplicado el número de partidos, los experimentos populistas han tomado fuerza y la antipolítica pasó a ser el mecanismo por excelencia para alcanzar el poder.
Seguramente los partidos consideran que al ser las mismas voces las que reclaman el respeto de la institucionalidad el impacto del abandono de sus responsabilidades no les afectará en las elecciones. Se equivocan gravemente. Es cierto que los liderazgos de las organizaciones civiles y varios de sus miembros son los que asisten frecuentemente a los programas de opinión o realizan protestas reclamando el nombramiento, en tiempo, de las personas idóneas que estarán al frente de la Sala de lo Constitucional. Ese grito de decencia que apela al respeto de la Constitución y la ley y que exige el apego al Estado de Derecho se escucha, sin embargo, a nivel nacional y fuera de las fronteras patrias.
Lo repiten los jóvenes, las entidades que impulsan la reforma política, las asociaciones de abogados, las gremiales, los centros de pensamiento, las iglesias, los académicos, los columnistas, entre otras muchas audiencias locales. Lo repiten con mucha fuerza los organismos internacionales que velan por el adecuado funcionamiento de la democracia. Que el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García- Sayán, haya urgido a los diputados a elegir funcionarios para la CSJ despojándose de cualquier tipo de manipulación política, no es cosa menor. Ubica al país en la agenda internacional y, lamentablemente, lo pone como referente a nivel mundial cuando debe analizarse la debilidad de las instituciones y al escaso compromiso de los institutos políticos con la separación de poderes.
Si un aspecto se ha transformado aquí y en prácticamente toda América Latina es el del interés de la gente por aquellas decisiones de los políticos que perjudican su entorno familiar. La corrupción ha facilitado la comprensión de la mala política. Los electores entienden que la carencia de controles abrió la puerta a la malversación de los fondos públicos. Y sin dinero, lo saben bien los pacientes de los hospitales públicos, los padres de los menores que mueren a la puerta de las escuelas a manos de las pandillas, los pequeños empresarios que son extorsionados, los que transitan todos los días en buses completamente deteriorados, el Estado no puede atender las demandas sociales.
Los políticos están utilizando estrategias oscuras de negociación comunes en el siglo XX en un momento en el que el acceso a la información, la celeridad de las comunicaciones, el activismo civil y la defensa internacional de la democracia han dado un vuelco de ciento ochenta grados. Su comportamiento revela una concepción de la realidad totalmente desfasada. Con el decreto legislativo 743, aquel que intentó en 2011 cercenar la autonomía de la Sala de lo Constitucional, la juventud y otros actores relevantes despertaron después de décadas de un prolongado letargo. Aprendieron a interpretar los silencios en la Asamblea Legislativa y también las declaraciones de los legisladores. Asimismo identificaron la atención de la comunidad internacional ante las vejaciones de las que fueron víctimas los magistrados de la Sala. Los partidos no hicieron su tarea. Esa crisis, que les mostró el músculo de la sociedad civil, no caló en su ADN democrático. Hoy, los resultados de su conducta podrían herirlos de muerte.
Doctor en Derecho
y politólogo