Hemos oído muchas veces “La corrupción es tan antigua como la misma humanidad”, pero sin ir tan lejos, según relata el historiador y arqueólogo Paul Veyne, ni Cicerón escapó de este lastre durante el gran Imperio Romano. En aquellas épocas, el funcionario encontrado culpable era exiliado, con lo cual perdía “su dignidad”, lo que implicaba perder no solo su prestigio, sino todos sus bienes y su destierro a lejanas y olvidadas provincias. Muchos preferían antes la muerte que perder tal “dignidad”. En El Salvador, con una ley desigual, sus exfuncionarios culpables prefieren confesar sus delitos a cambio de penas cortas y una pronta libertad.
Fue hace poco más de tres años que por decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia se reactivó la Sección de Probidad, que estuvo inutilizada por muchos años como un archivero más. Se desempolvaron expedientes y se activaron decenas de exámenes de verificación para indagar sospechas de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios y exfuncionarios públicos. La ciudadanía empezó a presenciar un inesperado cambio, favorable al combate de la corrupción, pero esa tenaz y difícil tarea de repente entró al congelador, y entre varias razones, de una no queda duda, el jefe de dicha sección quiso ser magistrado y en tal conflicto de interés pesaron sin duda los apoyos de muchos investigados.
El relevo anticorrupción entonces fue asumido por el Fiscal General, quien a pesar de las críticas que ciertamente merece su gestión y pese a grandes limitaciones de recursos en todos los sentidos, ha procesado ya a dos expresidentes de la República acusados de graves hechos de corrupción. Concretó la condena judicial de Elías Antonio Saca y varios de sus corruptos colaboradores, reo confeso el exlocutor, quien con lujo de detalles contó cómo y cuánto nos robó.
La condena en realidad sabe a muy poco y, aunque nos parezca injusto, así lo permite la ley. Dudo en verdad que los bienes inmovilizados vayan a lograr cubrir al menos la tercera parte de todo lo defraudado, por lo que recuperar lo saqueado solo será posible si se procesa a no menos de medio centenar de conocidos “beneficiarios”, entre los que hay partidos políticos, periodistas, empresas, exfuncionarios y por supuesto “respetados” empresarios. Una justicia selectiva sería una doble injusticia.
El fenómeno de la corrupción es como un virus invasivo que penetra, se expande y contamina lo que toca; se presenta en forma de dádivas de bienes, entregas en efectivo, tráfico de influencias, compra y venta de favores, desvío de fondos, incremento en el valor de las obras, los bienes y servicios, para favorecer gracias al sobreprecio al ofertante seleccionado, a funcionarios de gobierno y a casi toda su parentela.
La corrupción constituye una aberrante vulneración a los derechos humanos por cuanto implica una violación al derecho de igualdad ante la ley y supone una vulneración de los principios democráticos, al romper y sustituir el interés público por el interés privado, de quienes permiten, fomentan y se benefician de la cadena de corrupción.
En consecuencia, la corrupción trae consigo un elevado costo social, pues los recursos que quedan en manos de corruptos significan fondos, obras, bienes y servicios que no llegan a la población que más los necesita, o le llegan en menor calidad y eficiencia, privándola de tener una mejor calidad de vida. Por eso abundan las escuelas en ruinas a las que hasta les faltan letrinas, hospitales con fugas de agua, sin camas ni medicinas, policías durmiendo en catres, con salarios de hambre y las botas desgastadas; una burocracia obesa cada vez más engrasada, por el bastardo clientelismo, que paga con salarios estatales la obediencia partidaria.
Corrupción y política suelen ser dos caras de una misma moneda. Ya lo dijo Maquiavelo, hace más de quinientos años, que en realidad la política es el arte del engaño.
Abogado y notario