Llevamos 71 días sin magistrados de la Sala de lo Constitucional y, sin embargo, los diputados ya desviaron su atención a otros asuntos. La semana pasada el diputado Ricardo Velásquez Parker presentó una propuesta de reforma a los artículos 151 y 152 del Código Electoral, con la que pretende que se entienda el término “instrucción notoria” como la tenencia de un título a nivel universitario en cualquier disciplina en ciencias económicas o, en caso de no contar con esta profesión, que tenga una maestría relacionada o diez años de experiencia profesional. Como si un título es garantía de un buen gobierno.
No me malinterpreten. La educación formal en todos los niveles es sumamente necesaria en un país subdesarrollado como el nuestro. Y exigirla a los funcionarios es inevitable, cuando el cargo y las labores que desarrollará así lo requieran. Pero el cumplimiento de ciertos requisitos formales que no están exigidos en la Constitución, como un título universitario o cierta profesión, no debe convertirse en un obstáculo para que una persona opte a un cargo eminentemente político.
La Constitución misma hace una distinción de los requisitos que se exigen en cargos políticos y en cargos técnicos; para los primeros hay menos exigencias, limitándose a pedir “instrucción notoria”, mientras que para los segundos se eleva el estándar a “competencia notoria”. Por ejemplo, para ser diputado de la Asamblea Legislativa se exige ser mayor de veinticinco años y contar con “notoria honradez e instrucción”; para ser presidente de la república, ser mayor de treinta años y de “moralidad e instrucción notoria”; y para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mayor de cuarenta años, abogado, “de moralidad y competencia notoria”, haber desempeñado una judicatura o tener más de diez años en el ejercicio de la profesión. La exigencia depende del trabajo que vayan a realizar.
¿Quién decide cual profesión es la más idónea para ser Presidente de la República? Tenemos tantos problemas en este país que no nos caería mal un sociólogo, un criminólogo o un psiquiatra. Además, el cuerpo técnico de la presidencia de la República debería estar representado en el Consejo de Ministros nombrado por el presidente, quienes además de las facultades del artículo 167 de la Constitución, tienen la obligación de refrendar los decretos, acuerdos y órdenes del presidente. Ahí se esperaría que demuestren su conocimiento especializado sobre un tema y aconsejen al jefe de Estado.
Muchas personas letradas pueden existir en la Asamblea o el presidente podría ser el mejor economista o abogado del país; pero si una persona no tiene capacidad de diálogo poco puede lograr en el ámbito político salvadoreño que, hoy por hoy, urge de gobernabilidad. La capacidad de construir consensos entre distintas ideologías políticas representadas en los partidos, la visión de dar las mejores respuestas a los problemas que aquejan al país, no son capacidades que vienen con la certificación de un papel, sino con un liderazgo cultivado fuera de las aulas de clases.
Un enfoque estrictamente tecnocrático para todos los cargos públicos corre el riesgo de abstraerse de manera exagerada de la realidad, de ser un gobierno altamente infectivo, ya sea por no tener legitimidad ante la población o la capacidad de mover voluntades y construir consensos. La teoría, el dogmatismo y los libros ofrecen respuestas a problemas planteados de manera neutra; pero cuando los problemas se presentan a seres de carne, hueso y emociones, la empatía se vuelve un elemento necesario que hay que considerar. No todo en la vida se trata de títulos o profesiones, hay más elementos para considerar líder a una persona. Lo que El Salvador necesita son varios líderes dispuestos a trabajar para sacar al país del hoyo en el que sostenidamente hemos transitado.
Los títulos de una persona que aspira al cargo de Presidente de la República no son garantía de su capacidad de conducir un país. Depende mucho de su liderazgo personal, de la habilidad de diálogo con otras fuerzas políticas, de contar con el equipo de personas capacitadas en los distintos ramos del Ejecutivo y de saber discernir en la toma de decisiones. En vez de proponer cuestiones que busquen limitar la participación política de todos los ciudadanos, especialmente en un país donde el acceso a la educación superior aun se ve obstaculizado por circunstancias ajenas a las personas, deberían enfocarse en desentrampar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Abogada