El debate político español está concentrado últimamente en el plagio de las tesis doctorales y de maestría de altos funcionarios públicos. Los “telediarios” también han seguido muy de cerca la discusión del decreto que permitirá la exhumación de Francisco Franco Bahamonde, “el Generalísimo”, caudillo que gobernó España entre 1939 y 1975.
Un país desarrollado puede darse este lujo. Horas interminables de noticias sobre los resultados del programa “antiplagio” para comprobar si hubo o no citas de autores sin incluir la respectiva referencia al pie de página ni entrecomillar una idea para dejar constancia que no es de ingenio propio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es uno de los señalados. El otro es el máximo líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado. Sus procesos han llegado hasta el Congreso de los Diputados. A las anomalías por supuestas violaciones a los derechos de propiedad intelectual se agregan las presuntas irregularidades en el cambio de notas de una asignatura cursada por el dirigente del PP en la Universidad Complutense. Este prestigioso centro de estudios se apresuró a negar todo tipo de anomalía y señaló que la profesora que cambió la calificación de Casado reconoció su firma en el acta y que lo hizo porque detectó un error de transcripción.
La otra controversia la protagoniza el cadáver de Franco. El Consejo de Ministros aprobó un decreto en el mes de agosto, que luego fue ratificado por la mayoría de los grupos parlamentarios, para que en el Valle de los Caídos “únicamente puedan yacer los restos de personas fallecidas durante la guerra civil española”. A la iniciativa no se adhirieron ni el PP ni Ciudadanos, fuerzas políticas identificadas con la derecha. La vicepresidenta del Gobierno argumentó que se trata de una deuda histórica que tomó forma legal en 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica.
Ciertamente a ninguno de los dos asuntos debe restárseles importancia. Es tan relevante tener certeza de la legitimidad de los títulos expedidos por una universidad como saldar una obligación con las víctimas de una dictadura. Aquí mismo se presentaron situaciones similares relacionadas con ambas temáticas. La lista de títulos declarados como irregulares en la investigación ordenada por la Fiscalía General de la República ocupó los titulares de los distintos medios en 2001. Por otra parte, nos encontramos en medio de juicios contra ex comandantes guerrilleros y ex militares derivados de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Los temas no pueden evadirse. Es una obligación legal y ética asegurar la calidad de las universidades lo mismo que las normas aplicables a los supuestos delitos cometidos durante el conflicto armado.
Sin embargo, en el caso salvadoreño no es posible descuidar ámbitos trascendentales en los que, por mucho, España nos aventaja por décadas. A nosotros nos toca atender, de manera urgente y prioritaria, el desempeño independiente de las instituciones, el desarrollo económico, la calidad de los servicios públicos, el ensanchamiento de la clase media y la reducción de la pobreza, el establecimiento de una cultura política y de legalidad, el sentimiento de pertenencia a la nación, el orgullo de las tradiciones y la promoción de la riqueza histórica de nuestros antepasados. En un plano secundario, pero no menos significativo, se encuentra la integración de los pueblos centroamericanos y las ventajas que conlleva la libre circulación de bienes, servicios y personas, es decir un mercado sin fronteras similar al de la Unión Europea.
Al Reino de España se le dispensan las polémicas que emprende para probar la “pureza” de una investigación académica o el traslado de los despojos de un dictador que no pueden reposar, por decencia, en un mausoleo de Estado. Los países en vías de desarrollo, por el contrario, deben asumir su realidad. El retraso, ahora probadamente doloso, en la elección de la nueva Sala de lo Constitucional es una muestra vergonzosa del largo trecho que nos falta por recorrer. La demora del nombramiento de los magistrados ejemplifica el desprecio al Estado de derecho y la reducida y hasta nula identificación de los partidos políticos con el sistema democrático. Cuando superemos estos descarados atropellos al republicanismo vendrá el tiempo de otras cuestiones de contenido más filosófico y moral.
Doctor en Derecho
y politólogo